Pese a ello, los comisionados de esta entidad defienden su posición, alegando que la ley 29 requiere de una reforma legal que amplíe su marco legal para ejercer con mayor autoridad su función.
Sin embargo, éste no es precisamente el pensamiento de aquéllos cuyos casos aún se mantienen dentro de la entidad, y no han recibido una respuesta concreta y positiva por parte de la CLICAC, más aún si de la resolución que tome la Comisión, dependen un grupo de empresas y empleados quienes en conjunto forman parte del desarrollo económico de nuestro país. PRIMER CASO
El 22 de diciembre de 1997, la CLICAC presentó ante el Juzgado Octavo de Circuito, el primer proceso por la supuesta comisión de prácticas monopolísticas absolutas en contra de los agentes económicos Gold Mills de Panamá, S.A. Harinas de Panamá, S.A. Harinas del Istmo S.A y Oro del Norte, S.A. En el desarrollo de la audiencia se dispuso que se celebrará la audiencia de fondo el 15 de enero del 2001.
Roberto Lombana, presidente de la Asociación de Molineros, explicó que respecto al manejo del caso "es necesario advertir que dentro de las irregularidades en el proceso se desató una campaña contra las harineras, responsabilizándonos en ese momento de los precios del pan". Indicó que las harineras son intermediarias y no les venden directamente al usuario sino a las panaderías, por lo tanto, "no controlamos los precios del pan u otros productos de consumo común".
Lombana advirtió que la ley 29, que regula este organismo, es complicada para un país tan pequeño, no se ha dado una docencia y por ende no se está enfrentando la competencia extranjera para proteger la producción naci.
Uno de los casos que se mantuvo por varios días, en la opinión pública fue precisamente el de la venta de cerveza. La Cervecería Barú-Panamá denunció a Cervecería Nacional por supuestas prácticas monopolísticas relativas, lo que implicaba un abuso de poder dominante mediante la contratación exclusiva de los puntos de venta para sus productos, impidiendo la competencia de parte de Cervecería Barú.
Ha pasado ya un año y la CLICAC "lo único que ha hecho es sacar resoluciones en donde no deja claro qué acción se está tomando o hacia dónde va la investigación, e inclusive se le ha solicitado en reiteradas ocasiones una aclaración sobre el tema" informó una fuente ligada al caso.
Los abogados han iniciado acciones tendientes a poner una demanda contra Cervecería Nacional por las prácticas mencionadas.
En ese mismo orden tenemos que a principios de 1999, la línea aérea colombiana Aces denunció a Copa -Avianca-SAM por un acuerdo de códigos compartidos firmado por estas aerolíneas . De acuerdo a la denuncia, para efectos del desenvolvimiento del comercio aéreo dicho acuerdo resultó en "carteles" y que a parte de ello existían elementos de prácticas monopolísticas absolutas relativas, porque entre estos grupos que constituían la mayoría del mercado habían adoptado prácticas anticompetitivas en contra de ACES.
Como resultado de ese acuerdo, seis meses después Aces cerró su oficina en Panamá , a pesar de haber crecido en el mercado aéreo. Para este caso, , "la CLICAC se tardó casi 2 años en interponer una demanda que se tuvo que corregir unas tres veces porque adolecía de elementos jurídicos para ser exitosa", señala la fuente. COMISIONES POR PASAJES
A comienzos de 1999 se anunció una reducción de las comisiones a las Agencias de Viajes por la venta de pasajes de las principales compañías de aviación , por efecto de acuerdos internacionales. Se realizaron reuniones con las líneas aéreas donde estas últimas declararon que éste era un acuerdo tomado en Montreal. Como las anteriores denuncias, ésta fue puesta en la Comisión y ya ha tardado 2 años, sin obtenerse una decisión sobre el tema.
La CLICAC es una institución que fue creada para supervisar el libre juego de la oferta y la demanda en el mercado panameño.
"Si no hay una predisposición a tomas medidas que son duras y difíciles lo correcto sería que se dedicarán a otra función" advirtió la una fuente ligada a los casos anteriores.
Según dicha fuente, el problema es de tipo organizacional y los comisionados "realmente no hacen gran cosa, además de que cuentan con un grupo de abogados muy novatos a cargo de investigaciones difíciles cuyos procesos son llevados contra empresas poderosas que utilizan los servicios de grandes bufetes ".
Agregó que la CLICAC ha hecho una interpretación errada de la Ley 29 y se divorcia del espíritu de la misma llevando a la comisión a perder su efectividad. En su lugar explicó que la ley le da la potestad a la Comisión para emitir demandas en contra de los proveedores de bienes y servicios, pero en 4 años "no ha puesto ninguna solo demanda para proteger al consumidor".
En su defensa, Gustavo Paredes, presidente de la CLICAC dijo que la Ley 29 sólo le da a la comisión la capacidad de analizar los temas de los contratos, publicidad y garantía. "Fuera de eso no tenemos ningún otro campo de acción." comentó.
Sostuvo que se hace necesaria ampliar las facultades legales a través de una ley o reforma que contemple entre otros aspectos: disposiciones sobre construcción, y normas de revisión de contratos en general.
