Un juez argentino ordenó a Aerolíneas Argentinas, controlada por la SEPI española, que continúe su servicio de vuelos y mantenga los convenios laborales y la estabilidad del personal, a pesar de la crisis financiera que soporta y que llevó a la compañía a cancelar varias de sus rutas nacionales e internacionales.
"El juez ordena que se adopten los recaudos materiales y jurídicos necesarios para ejecutar las prestaciones comprometidas contractualmente en lo referente a asegurar el cumplimiento regular y continuo del servicio", señaló la diputada Alicia Castro, titular del gremio de azafatas, que presentó la medida cautelar ante el juez.
Aerolíneas Argentinas, que acumula una deuda de 900 millones de dólares y arroja pérdidas mensuales de entre 20 y 30 millones, atraviesa una crisis financiera que la tiene al borde de la quiebra.
La línea aérea de bandera argentina canceló en las últimas semanas ocho destinos internacionales y cuatro nacionales, debido a que no cuenta con los fondos necesarios para pagarle a los proveedores de combustible y alimentos.
En su fallo, el juez de lo Contencioso y Administrativo Martín Silva Garretón ordena "que se abstenga de disponer o de ceder de cualquier modo los derechos respecto a las rutas aéreas, marcas y demás bienes inmateriales objeto al llamado a licitación dispuesto por el derecreto de la privatización", informó Castro.
El directorio de Aerolíneas se reunirá esta tarde para aprobar una moción por la cual se pedirá a la justicia una protección legal contra quiebras para la compañía.
La protección antiquiebras le permitirá ganar tiempo para renegociar sus pasivos financieros mientras define su futuro.
"Yo creo que (la medida judicial) puede frenarla (la convocatoria de acrredores) porque lo que el juez está asumiendo es la presentación de nuestra demanda, que se trata de un ente estatal binacional, porque sus únicos socios son los dos estados, español y argentino", señaló Castro, una ex azafata.
La española Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) -que posee el 92% de la compañía- anunció que no inyectará más capital a la aerolínea hasta que uno de los siete sindicatos que reúnen a los 6.766 empleados de Aerolíneas deje de rechaza un plan de ajuste que incluye cambios en las condiciones laborales, entre otras cosas.
El Estaedo argentino posee el 5,4% de la compañía y el 2,6% restante está en manos de los empleados. Además, el juez ordena "que se abstengan de modificar la situación laboral de sus empleados, a cuyos efectos se deberá preservar la fuente de trabajo y la estabilidad de sus empleados", indicó Castro.
La diputada explicó que el inclumplimiento de la sentencia del juez Silva Garretón puede dar lugar a multas y a prisión. Castro no explicó si Aerolíneas puede apelar la medida ni cuándo la dictó la justicia.