La solicitud se hizo en el marco de la conferencia de revisión del Acuerdo de Conservación y Gestión de peces trans-zonales y especies altamente migratorias, que se alcanzó en 1995 y entró en vigor hace cuatro años.
El tratado se considera el pacto internacional más innovador en cuanto a normativas internacionales para conservar y gestionar de forma sostenible las reservas pesqueras que se encuentran tanto en las zonas costeras, como en alta mar.
El presidente de la conferencia, el representante de EEUU, David Balton, enfatizó la necesidad de reforzar el acuerdo y hacer que los países implementen sus disposiciones.
"Contrariamente a la creencia, la industria pesquera mundial es la que tiene más que perder si se destruyen las reservas marinas, así como también los consumidores", dijo Balton.
De este modo, defendió la adopción de medidas dirigidas a reducir la capacidad excesiva que cuentan actualmente las flotas pesqueras, así como también para poner fin a la pesca ilegal, cuya comercialización se estima en 1, 200 millones de dólares anuales.
Entre las propuestas presentadas en la conferencia, Balton mencionó la necesidad de una mayor vigilancia vía satélite de los buques pesqueros, mecanismos más estrictos de control portuario y la supervisión, por parte de observadores independientes de los barcos mercantes.
El vicepresidente de la Federación Europea de Organizaciones Pesqueras (Europeche) y secretario general de la española, conocida como FEPE, Javier Garat, hizo un llamamiento a los países para que ratifiquen el Acuerdo de Conservación y Gestión, tras lamentar el retraso que impide su aplicación.
"Es un acuerdo multilateral que requiere de una plena cooperación. Sólo 57 países lo han ratificado de los 147 que firmaron la Ley del Mar (1982)", anotó.
Garat se mostró contrario al establecimiento de una moratoria de la pesca de arrastre para recuperar los ecosistemas vulnerables, por considerar que "sólo beneficiaría a la pesca ilegal".
"Hasta que no se sepa los efectos científicos de la pesca de arrastre, no tiene sentido una moratoria. Consideramos que se deben analizar las zonas, las áreas con posibles fondos vulnerables a la pesca y, si se comprueba, prohibirla", dijo.
En la reunión participan representantes de Gobiernos, las pesqueras y la sociedad civil.
Los países de la Unión Europea han llevado a cabo iniciativas para frenar el impacto de la pesca en los ecosistemas marinos.
Han reducido entre un 35 y 40% el aumento de la capacidad de las flotas pesqueras, y en ciertos sectores, como el del atún, se ha paralizado.
