El palanca es la última rueda del coche en el turbio engranaje que gira alrededor de los cupos del transporte. Son como los ilotas de Atenas que carecían de todos los derechos de la democracia griega o como los
parias que los hindúes detestan y rechazan como si fueran leprosos. Los palancas están encadenados a un sistema de intermediación en los cupos que no llegan a sus manos sino a las de una gavilla de dirigentes del transporte que los venden por debajo de la mesa por 5 mil dólares, según reiteran diversas fuentes.
Hoy en día, los palancas exigen que se les den sus cupos porque son ellos los que realmente tienen derecho a recibirlos como conductores y claman para que de una vez por todas finalice el abuso que existe desde que se inventaron los cupos en la época de Omar Torrijos.
Uno de los mayores problemas que confrontan los palancas es que no se respeta la lista de prelación, y los cupos no se entregan como debe hacerse. Pero éste no es el único monopolio que existe en el transporte público. Al monopolio del mercado del transporte de taxis, según afirman los palancas, se agregan otros monopolios: el de venta de vehículos y el de financiamiento de las compras.
De acuerdo con Gerardo Monforte, el sistema de financiamiento que se le ofrece al transportista no es beneficioso, ya que lo obliga a tener un bajo nivel de vida.
Insistió que en Panamá se venden vehículos que en Japón son de uso familiar, y al utilizarse para transporte selectivo sólo llegan a tener año y medio de vida, y a pesar de ello, debe seguirse pagando el vehículo a las financieras que ponen como plazo de pago tres años.
El dirigente transportista señaló que en el tema de los cupos y, dentro del mismo sector transporte, hay muchos intereses creados.
Dijo que empresas como Ricardo Pérez mantienen un mercado cautivo, ya que la misma empresa vende los autos de marca Toyota, los repuestos y también es fiador.
Monforte señaló que empresas como Seguros Centralizados, Multiarrendadoras, Serfinanzas, Multi Credit Bank, se han encargado del financiamiento en el sector transporte.
Indicó que a los taxistas se les dan 36 meses para pagar con letras altas, y no existe una autoridad que ponga un alto.
Según el transportista, las letras a pagar a las financieras oscilan entre B/.340.00, B/.450.00, B/.510.00 o B/.600.00, dependiendo del abono inicial y se prevé que un automóvil que usualmente cuesta B/.9,5000.00, podría llegar a pagar sumando plazos e intereses, cerca de B/.21,000.00.
No obstante, la aseguradora cobra por adelantado, y el seguro debe ser renovado a los 12 meses.
Señaló además que en materia de préstamos los mismos podrían estar por los B/.3,000.00, lo que deja claro que el nivel de vida de los palancas parece estar condenado a reducirse, porque sólo se trabaja para pagar las deudas adquiridas y ni siquiera el vehículo queda en su poder en la mayoría de los casos.
Monforte denunció que SINCOTAPE tiene fuertes deudas en talleres de reparación de autos, además de algunas compañías de seguros. Indicó que en concepto de reparaciones tiene deudas de B/.12,000.00, B/.15,000.00, B/.20,000.00, las cuales datan de inicios del año.
Agregó que se prevé que la empresa Ricardo Pérez ha secuestrado algunos vehículos de SINCOTAPE.
Por otro lado dijo que existe una serie de irregularidades en las cotizaciones de los palancas que prestaban servicios para SINCOTAPE, ya que se ha detectado que en las fichas de varios cotizantes aparecen registrados tres patronos diferentes.
Según Monforte, esta anomalía está siendo investigada por los abogados del grupo y se espera que en pocos días se tengan los resultados de las investigaciones.
El dirigente transportista expresó que SINCOTAPE le presentaba a los palancas un contrato del cual los mismos no tienen copias y, además de ello, no se ha cumplido con las cláusulas allí establecidas.
En el contrato se establece la contratación de los palancas bajo el renglón de servicios profesionales; de igual manera dicho contrato indica en el segundo punto que: el palanca será responsable del auto que se le otorgó durante las 24 horas del día.
El dueño decidirá dónde pernoctará el palanca y el mismo será responsable de cualquier problema causado al vehículo, por lo que deberá responder a las autoridades competentes, y si el palanca resulta responsable en un accidente de tránsito deberá pagar el deducible del seguro que se calcula en B/.500.00.
El contrato con SINCOTAPE se compromete a pagarle B/.26.00 en concepto de prestaciones en 3 domingos del mes. De igual manera SINCOTAPE se compromete a incluir en la planilla del Seguro Social Voluntario al palanca, además de otorgarle un seguro de vida colectivo.
Monforte declaró que ninguna de las cláusulas del contrato se ha cumplido, ya que existen serias irregularidades sobre la tenencia de los cupos y las personas que realmente cuentan con las unidades.
Hoy vence el plazo para que el transporte público obtenga su placa de circulación vehicular y de acuerdo con Monforte es posible que se esté dilatando la solución a sus problemas para evitar que los palancas logren su objetivo que es tener un cupo.
Señaló que de no obtener respuestas se tomarán medidas de fuerza.
La nefasta ley 34 La problemática del sector transporte siempre ha sido del conocimiento de los legisladores y aun así aprobaron la Ley 34, a pesar de las recomendaciones de la empresa privada y de la CLICAC, manifestó el abogado Ricardo Salcedo.
El funcionario de la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor destacó que hubo un informe de la comisión presidencial, coordinada por Oscar Ceville, actual miembro de la Sala V de la Corte Suprema, que menciona los problemas planteados por la CLICAC en su estudio, y la misma comisión al redactar el proyecto de ley hizo caso omiso de sus propias sugerencias.
Reveló Salcedo que el gobierno de Pérez Balladares contrató a la empresa norteamericana Dames & Moore para que efectuara un diagnóstico sobre las alternativas del transporte de carga y la comisión presidencial tampoco tomó en cuenta las sugerencias presentadas.
El asesor legal de la CLICAC reiteró que el Estado ha creado un monstruo que toma forma en la ley del transporte para que solo un grupito lucre con las necesidades de transporte de la gente, dejando a un lado la ideología que debe tener el transporte público. O el Estado toma el control del transporte o lo abre a un verdadero servicio público, el cual hoy en día es infame para los usuarios, que son los convidados de piedra del transporte.
Indica que el servicio de autobuses urbanos es prestado por conductores independientes, los insumos que necesita para prestar el servicio es el equipo necesario y la licencia de explotación de una ruta, la cual normalmente le pertenece a una tercera persona.
Se señala que el alquiler de la licencia y del autobús está por el orden de los B/.80.00 a B/140.00 diarios, ello dependiendo de la ruta.
La rentabilidad que puede tener el dueño del bus está entre un 40 y 87% del capital invertido.
Por su parte, el exlegislador y creador de la Ley 14 Eliseo Alvarez indicó que los cupos no pueden ser entregados a ninguna organización o sindicato. Alvarez recalcó que el artículo 33 de la Ley 14 es claro y específico sobre la manera en que se deben entregar los cupos, el mismo señala que: "El Ente regulador concederá los certificados de operación o cupos para cada línea, ruta o piquera, gratuitamente, salvo el pago de los derechos de trámite establecidos por el Ente Regulador, previa consulta con los Consejos Técnicos Provinciales del Transporte".
Alvarez indicó que para poner la casa en orden hay que eliminar todos los certificados ley, y destacó que lo peor en el sector transporte es que todos los directores de transporte si no eran corruptos, los dirigentes lo corrompían.
El exlegislador expresó que la corrupción en el transporte es mayor porque involucra mucho dinero e intereses que están de por medio.
Explicó que no hay manera de romper con la corrupción, porque ningún transportista va a romper con su mayor aliado: la Dirección Nacional del Transporte.
Alvarez dijo que todos los directores de tránsito y transporte terrestre conoce cómo se entregan los cupos, pero no les conviene cumplir con la ley, porque de hacerlo perderían cualquier tipo de beneficio.
De acuerdo con Alvarez, al nuevo gobierno se le presentó un proyecto de diez puntos para que en los primeros 100 días de gobierno se tomara en cuenta el problema del transporte.
Uno de los primeros puntos presentados indicaba que para mejorar el sistema del transporte en Panamá, éste debía estar despolitizado, ya que la ejecución de la ley tiene que ser al margen de la política y al margen de intervenciones partidarias.
Pero es claro que ningún político quiere despojarse del poder, y este problema se atribuye a que la Ley 14 de 1993, no haya funcionado, porque ésta buscaba poner orden en el sector.
Según expertos en tránsito, el gobierno de Pérez Balladares no debió aprobar la Ley 34 que crea la Autoridad del Transporte, porque en su artículo 9, se le da el dominio a los transportistas, que pueden hasta destituir al director de transporte.
Y la Autoridad del Transporte es manejada por los mismos transportistas sin que medie la intervención de otras personas, lo que indica que no existe ninguna autoridad y el sector transporte continuará siendo un caos, recalcó Alvarez.
