Si bien las actividades de la industria forestal aportan al Producto Interno Bruto (PIB) sólo un 0.5%, el sector tiene gran potencial para generar de manera significativa empleos, divisas y contribuir de forma importante al PIB.
Un estudio sobre las "Tendencias y perspectivas del subsector Forestal de Panamá", elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Comisión Europea, advierte a las autoridades panameñas la necesidad de levantar un Plan Nacional de Desarrollo Forestal.
La razón, más del 75% de las tierras panameñas son de vocación forestal, sin embargo, la deforestación de casi 30% del territorio nacional, por el cambio de uso del suelo para actividades como ganadería, está provocando el deterioro de la base de los recursos forestales. El estudio determinó que las actividades forestales han evolucionado al margen de la planificación que integre su contribución al desarrollo nacional.
De manera que una porción importante de estas actividades no es considerada prioritaria como: el manejo sostenible de bosques, los incendios forestales, el desmonte masivo para fines agropecuarios, la asistencia técnica a la pequeña y mediana industria forestal, la producción de madera y la comercialización de productos forestales.
El citado documento concebido como un esfuerzo de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) con la asesoría del consultor Sergio Castillo, advierte que la industria manufacturera forestal no ha logrado ser considerada una actividad económica regular y rentable.
Según el informe, sólo unas cuantas industrias trabajan en forma permanente todo el año, existiendo un gran porcentaje de la capacidad industrial ociosa de casi el 50%.
Además, se carece de integración bosque-industria, existiendo una gran concentración de empresas industriales forestales en la zona metropolitana, con elevados costos por transporte de la materia prima y otros servicios, y por ende, elevados precios cuyo índice es muy superior al costo de artículos similares importados.
Otra tendencia es que la industria produce artículos no normalizados, muchos vulnerables a un rápido deterioro, creando descrédito a la madera y la substitución por otros artículos.
Asimismo la oferta de productos forestales local no es suficiente para abastecer la demanda nacional, lo cual obliga a importar el diferencial del exterior. La exportación de productos de alta calidad primaria y valor agregado entonces, es muy limitada.
Según el estudio "el déficit comercial en esta materia podría ser considerado un estímulo a la industria nacional y al Gobierno, para identificar los incentivos necesarios para motivar a la industria".
La inversión total en el país ha mostrado un crecimiento estable pasando de 3,983 millones de dólares en 1990 a 11,122 millones de dólares en el 2001.
Ante este panorama, si no se logra el plan de desarrollo forestal el impulso de la industria forestal "será mínimo", limitándose a las pocas empresas que han logrado incorporar tecnología de punta, pero es previsible que tengan problemas de abastecimiento de la materia prima.
Y se desaprovecharía el impacto económico en regiones actualmente deprimidas económicamente, pero ricas en recursos forestales. Pero, además de esta tendencia la sociedad civil, las comunidades y los gobiernos locales no se han sumado a los esfuerzos de aprovechamiento y manejo forestal sostenible.
De no lograrse la incorporación de estas autoridades, la condición socioeconómica de las familias que derivan su sustento de la actividad forestal empeorará, se perderán fuentes de empleo, al ir reduciéndose el número de empresas.
Aunque la tendencia indica que permanecerán activas pocas industrias con capacidad de competir en calidad y precios a nivel del mercado nacional e internacional, una estrategia que promueva inversiones públicas y privadas potenciaría la capacidad de los recursos forestales y el mejoramiento de los niveles de vida de la población rural, disminuyendo la situación de extrema pobreza.
Algunas situaciones han emergido en los últimos años y se perfilan como promisorias para la conservación de nuestros bosques a mediano plazo, entre ellos, la valoración del aporte de los bosques en concepto de bienes y servicios ambientales, las certificaciones forestales y la gestión de proyectos de carbono dentro del mecanismo de Desarrollo Limpio.