Es necesario que los recursos del Estado se utilicen en mejorar la educación, el transporte y la calidad de vida de los panameños para que aumente la competitividad del país, explicó Nicolás Ardito Barletta, director general del Centro Nacional de Competitividad en el marco del IV Foro Nacional de Competitividad.
Ardito Barletta añadió que, al ser competitivo, “seremos más productivos, lo que conllevará al aumento de las exportaciones y por ende del crecimiento y la generación de empleo”.
Agregó que la competitividad tiene su esencia en incorporar a más panameños a que puedan beneficiarse de las oportunidades que brinda el crecimiento de Panamá.
Alberto Vallarino, ministro de Economía y Finanzas (MEF), explicó que en materia de competitividad esperan duplicar el Producto Interno Bruto (PIB) en los próximos 10 años, frenar la tasa de desempleo y posicionar a Panamá para el éxito a largo plazo.
Añadió que han identificado como los motores del crecimiento de la economía panameña el turismo, la logística, agricultura y servicios financieros.
Para esos cuatro sectores el Gobierno tiene un plan de inversión de $12,000 millones para la creación de instituciones de fomento, mecanismos de coordinación y cambios en la regulación.
Logística.
Vallarino acotó que Panamá puede convertirse en una potencia de servicios de logística de valor agregado en el hemisferio, aprovechando al máximo el Canal de Panamá, ya que la expansión incrementará los flujos comerciales a partir de 2014.
Sobre el mismo tema el ministro de Comercio e Industrias, Roberto Henríquez, aseguró que la competitividad de un país está muy comprometida con la eficiencia de su gobierno, por lo que el sector privado requiere de respuestas inmediatas y eficientes.
Añadió que se debe incrementar la participación y coordinación de los sectores públicos y privados en la ejecución de políticas que aumenten la competitividad.
Eduardo Jaén, secretario presidencial para la innovación gubernamental, señaló que tiene varios proyectos de modernización, con una inversión de $334 millones, como la eliminación del uso del papel en el Estado.
