No es lo mismo afirmar que un país es un paraíso, que acusarlo de ser un "paraíso fiscal", lo que equivale a decir que no se cobran impuestos y que cualquiera puede realizar operaciones fraudulentas en el centro bancario panameño.
Delia Cárdenas, superintendente de Bancos, considera "injusta" la calificación de la GAFI (Financial Task Force against Money Laundry), que incluyó a Panamá en una pre- lista de 66 países que no cooperan contra el lavado de dinero. De un total de 75 naciones, 66 fueron incluidas en la lista de la GAFI, junto con otros países que realmente sí abren las puertas a dichos delitos.
Según Cárdenas, Panamá tiene controles más estrictos que muchos de los países que se consideran como "cumplidores" de las leyes antilavado, y asegura que pronto lograremos salir de esas listas negras.
La funcionaria alega que, en algunos casos, Panamá no puede seguir la tendencia internacional del intercambio de información sobre prácticas que están tipificadas como delitos en otros países, porque las leyes panameñas no las establecen como delito.
Por ejemplo, en la legislación panameña, el lavado de dinero es un delito, únicamente si está relacionado con el narcotráfico, mientras que en otros países "hay otras clases de lavado de dinero", indicó.
"Hay una gran presión para que estemos en el mismo nivel que algunos países y pensamos que el tiempo que nos están dando es muy corto, porque una modificación estructural de muchas leyes no es algo que se hace de la noche a la mañana y requiere de recursos que el país no tiene".
Cárdenas asegura que Panamá tiene una estricta supervisión, una nueva ley bancaria, y sobre todo, sí se cobran impuestos a los bancos. "Panamá dista mucho de ser un paraíso fiscal".
Es cierto que Panamá ofrece algunas ventajas para los inversionistas internacionales, pero también es cierto que éstos deben tener una licencia internacional y realizar operaciones fuera de las fronteras nacionales. Si operan a lo interno del país, "pagan impuestos como cualquier otra empresa", explicó la funcionaria.
En Panamá hay un secreto bancario relativo, ya que los bancos están obligados a brindar toda la información de sus operaciones a la Superintendencia, que puede intervenir si existe una orden judicial para abrir las cuentas bancarias.
Si se sospecha que alguna institución bancaria, está realizando operaciones ilícitas, se reporta inmediatamente a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que a su vez envía el caso a la Fiscalía de Drogas y al Procurador General de la Nación, quien hace las denuncias penales.
Según Cárdenas, la lucha contra el blanqueo de dinero debe hacerse de acuerdo a las leyes de cada paìs. " Es un gran problema cuando nos quieren enmarcar dentro de una legislación que no es la nuestra, ya que no podemos excedernos de lo que la ley permite.
Sin embargo, Panamá si tiene la voluntad de luchar contra el lavado de dinero, y una prueba de esto es que se han agravado las penas en delitos de narcotráfico, desde 1996, recalcó la alta funcionaria.
Sin embargo, el papel de la Superintendencia de Bancos, se orienta más en el aspecto preventivo "porque queremos que el delito ni siquiera llegue a los bancos", señala Cárdenas.
Esta prevención se hace a través de los requisitos que se imponen a los bancos para la apertura de cuentas: presentación de los datos de identificación del cliente y de las sociedades anónimas; explicación de la procedencia de los fondos que se están depositando, si sobrepasan los 10 mil dólares; seguridad si se va a utilizar habitualmente crédito o efectivo; entre otras. La idea es que los bancos no sólo conozcan a sus clientes, sino a los clientes de sus clientes", expresó Cárdenas.
La Comisión Bancaria Nacional podrá imponer multas de 10 mil dólares, hasta un millón de dólares por el incumplimiento de estos requisitos.
La Superintendencia de Bancos se ha dedicado en las últimas semanas a informar a países como Estados Unidos, Argentina, Venezuela, México y España el funcionamiento y avances de las leyes y acuerdos contra los delitos bancarios, luego que estas naciones hayan adoptado una serie de medidas que imponen cargos adicionales a las operaciones con bancos panameños.
Argentina estableció una retención del impuesto sobre la renta del 35 al 53% para las empresas que hagan negocios con bancos establecidos en Panamá, alegando que nuestro país no cumple con los procedimientos de supervisión bancaria que exige el Comité de Bancos de Basilea.
México, España y Francia incluyen a Panamá en una lista de países considerados como "paraísos fiscales" y Brasil estableció nuevos impuestos para los créditos que se reciben de bancos panameños.
La superintendente de Bancos informó que se ha hecho un "cruce de notas" entre Argentina y Panamá para informar a este país que la legislación bancaria vigente sí considera los principios de Basilea. Panamá tampoco permite negociar acciones al portador.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se ha propuesto impedir que los bancos tengan cuentas anónimas, mientras, en Panamá los banqueros defienden a capa y espada el secreto bancario.
Cárdenas niega que todas estas medidas sean parte de una campaña de desprestigio del Centro Bancario Nacional, y recalca que es un problema de desconocimiento de algunos países sobre la forma en que opera el mismo.
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