El abogado internacional y exembajador de Panamá en Estados Unidos, Eduardo Morgan tildó de discriminatoria, inequívoca, mediocre e infundada la calificación que le han dado los países desarrollados a Panamá de paraíso fiscal y de no cooperador en la lucha contra el lavado de dinero, cuando este país tienen leyes superiores a las norteamericanas para contrarrestar este flagelo.
Según Morgan, experto en leyes bancarias, Panamá no reúne ninguna de las características con las que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) identifica a un paraíso fiscal.
Manifestó que el estudio donde se incluye a Panamá entre los países considerados paraísos fiscales no tiene la profundidad, ni el profesionalismo que podría esperarse de tan importante materia, sobre todo si trae el sello de las Naciones Unidas.
"El análisis del llamado mundo financiero "off shore" es tan pobre y, las conclusiones de sus autores son tan exageradas que no ha tenido ninguna acogida", expresó Morgan.
Aseguró que el estudio recoge gran parte de su información de la tan justamente criticada certificación, un documento elaborado unilateralmente por los Estados Unidos, donde evalúa y califica el apoyo que brinda cada país a la lucha contra las drogas.
Indicó que Estados Unidos está exigiendo a Panamá aprobar una legislación que obliga a los bancos a conocer sus clientes , sin embargo el Congreso norteamericano se negó a adoptar esta ley, siendo el país donde más dinero de droga se lava.
Con respecto a la exigencia de un control del efectivo en la compras que se efectúan en la Zona Libre de Colón, Panamá debe pedirle en reciprocidad que hagan los mismo en Miami. "No hacerlo así facilita el lavado de dinero y, además, les da a los comerciantes de esta ciudad una ventaja injusta sobre Panamá", sustentó Morgan.
El gobierno nacional también debe insistirle al gobierno norteamericano que obligue a los estados, entre ellos, Delaware, Nevada, Wyoming, a que adopten obligatoriamente la política de conocer al cliente y se sometan a algún tipo de control estatal, expuso Morgan.
"Hay la percepción de que sus sociedades anónimas (EU) se han convertido actualmente en las favoritas de las mafias internacionales de todo tipo, tanto por la facilidad que brinda para construirlas, como por la falta de control que tienen sobre algunos tipos de sociedades que se construyen para extranjeros no residentes", puntualizó el reconocido abogado.
Morgan señaló que en 1986, Panamá promulgó su primera ley contra el lavado de dinero producto del narcotráfico, y desde 1990 a la fecha la fuerza pública y otras entidades del Estado han incautado un promedio de 8 toneladas de cocaína por año. Para combatir el lavado, Panamá ha impuesto medidas de control al movimiento de efectivo, no sólo en los bancos, los aeropuertos y en los sitios fronterizos, sino también sobre el comercio de la Zona Libre de Colón.
Manifestó que, adicionalmente a estas medidas, Panamá ha adoptado otras normas individuales de control, tanto por los bancos como por otras entidades financieras, para hacer más difícil el narco lavado y facilitar su detención, mediante la aplicación de la política de conocer al cliente, medidas que en conjunto han colocado a este país a la vanguardia en la lucha contra el lavado de dinero.
Sin embargo, Morgan comentó que estos esfuerzos que ha tomado Panamá en la lucha contra el lavado de dinero y el narcotráfico, representan un alto costo social y económico para el país.
Señaló que estas medidas de control contra el lavado, han afectado el normal desenvolvimiento del comercio en la Zona Libre de Colón, al ponerle frenos a una actividad que tradicionalmente era libre de trabas burocráticas para el comprador.
Según Morgan, esto también está perjudicando gravemente al Centro Financiero de Panamá, porque los controles que se han impuesto a los bancos lo están haciendo menos atractivos, al quitarle una de sus principales características históricas como lo era la agilidad en el trámite para efectuar negocios internacionales con bancos de otras latitudes.
Para contrarrestar la mala imagen que se la ha dado a Panamá, Morgan propuso al gobierno de la presidenta Mireya Moscoso elevar la defensa de la economía de servicios a la categoría de tema de seguridad nacional.
El gobierno se debe encargar de recopilar todas aquellas normas legales vigentes contra el narcotráfico y el lavado de dinero, para ser puesta de manera clara y convincente en conocimiento de todos los países miembros de las Naciones Unidas.
En cuanto a la parte de los paraísos fiscales, Morgan propuso al gobierno nacional identificar a los países que discriman a Panamá, para invitarlos a un seminario en el que se detalle el sistema bancario de este país, el sistema impositivo, la ley de sociedades anónimas, etc., con el propósito de demostrarles que este país no posee ninguno de los rasgos, que según la OECD tipifican a un paraíso fiscal.
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