El gobierno panameño continúa impulsando a Panamá como la sede permanente del Área del Libre Comercio de las Américas (ALCA).
En esta oportunidad la vice canciller de la República Nivia Rossana Castrellón, hará una presentación de la propuesta panameña en la Paz Bolivia, donde se reunirá con representantes del gobierno, de la empresa privada y del cuerpo diplomático.
La propuesta contiene la oferta de Panamá para convertirse en la Bruselas de las Américas. Bruselas es hoy la sede de la Unión Europea y Panamá con su ventajosa posición geográfica, como el verdadero Puente de Las Américas, brindará el mejor escenario para que los 34 países del continente que integrarán el ALCA puedan tener una plataforma con excelentes conexiones aéreas, marítimas y tecnológicas y, sobre todo, con la neutralidad que requiere un ambiente de negociaciones internacionales.
La propuesta de Panamá fue enviada a los copresidentes del ALCA y a la Secretaría del ALCA en Puebla, Estados Unidos Mexicanos (Actual Sede Pro Témpore) el pasado 27 de febrero, cumpliendo con el plazo instruido. La propuesta destaca las ventajas del país, por su conectividad aérea, su oferta hotelera, su servicio diplomático y consular, la excelente calidad de vida y costos más bajos entre las ciudades que han presentado su candidatura. Otro aspecto importante es el buen índice de seguridad que presenta Panamá y el Plan de Seguridad del ALCA ofrecido por el gobierno de Panamá a través del Consejo de Seguridad Pública y Defensa Nacional.
De ser seleccionada la ciudad de Panamá, superará con creces su desempeño anterior cuando funcionó como Sede Pro Témpore, donde fue escogida entre nueve ciudades por los 34 países como una de las tres sedes temporales del ALCA.
El nuevo estatuto entra en vigencia a principios del año 2007, según acordaron las autoridades de los países más industrializados en la reciente reunión en Suiza.
Durante el encuentro se discutieron algunas de las divergencias planteadas por los reguladores financieros de EU, que pedían al Comité de Basilea modificaciones en el cálculo de provisiones de riesgos, argumentando que supondría una carga adicional para los bancos.
