Según los cálculos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), la República de Panamá está llamada a ser líder en el desempeño económico de América Latina en el año 2011.
Estas instituciones ubican a nuestro país como el de segundo de mayor crecimiento económico detrás de Haití, para la cual se estiman variaciones de 9.8% y 9.0% respectivamente, mientras que para Panamá se esperan incrementos de 6.7% y 7.5% correspondientemente.
Si nos percatamos de que el crecimiento estimado para Haití guarda relación directa con la enorme ayuda internacional, luego de los desastres naturales que ha enfrentado y no de una actividad económica propia, entonces Panamá quedaría de líder en el crecimiento económico de América Latina en el año 2011, según las estimaciones de ambas organizaciones.
Con este panorama tan prometedor para el año que recién se inicia, nos toca preguntarnos cuáles son los principales retos que se deben resolver para garantizar estos crecimientos tan esperados.
En primer lugar, se debe garantizar que los sectores más humildes reciban el beneficio de este crecimiento a través del mejoramiento de la prestación de los servicios de salud, transporte, educación y provisión de agua potable, entre otros, y que no sean ellos los que paguen este crecimiento como se ha dado hasta ahora, tal como se puede observar en las altas cifras de inflación experimentadas en los últimos meses y que alcanzó el 3.5% anual en el 2010.
Si bien es cierto que los altos niveles de crecimiento conllevan crecimientos importantes de los índices de precios, también es cierto que acciones como el incremento de los precios del agua embotellada durante la crisis de suministro del vital líquido, desvirtúa totalmente el sustento de los beneficios de una economía de libre mercado en nuestro país.
El segundo gran reto es el de mantener la disciplina fiscal que ha permitido garantizar la estabilidad económica gubernamental, la cual se constituyó en uno de los componentes fundamentales para el otorgamiento del valioso grado de inversión a nuestro país por parte de las principales agencias calificadoras de riesgo a nivel internacional.
El ambicioso programa de inversiones del Gobierno Nacional se debe ubicar dentro del marco de nuestra real capacidad de generación de ingresos para el financiamiento del mismo, de manera que el componente de endeudamiento sea lo mínimo posible.
La transparencia y la competencia deben hacer que disminuya la gran cantidad de contrataciones directas que en vez de ser una excepción, tienden a transformarse en la regla al momento de realizar contrataciones públicas en lo que va de este período gubernamental, con el consiguiente incremento de los costos de los proyectos de inversión que realiza el Estado, disminuyendo así la capacidad de satisfacer las necesidades de una mayor parte de la población a través del uso más óptimo de los recursos estatales.
En tercer lugar, el respeto al medio ambiente en toda la inversión tanto pública como privada debe constituirse en una norma fundamental de manera que no se afecte la calidad de vida de las presentes y futuras generaciones.
Finalmente, se deben realizar todos los esfuerzos necesarios para garantizar que la cuantiosa inversión que se hace en el sector educativo se traduzca en un mejoramiento urgente de la calidad de la educación que se imparte en el sistema educativo público, de manera que el producto del mismo sea una juventud capaz de enfrentar el reto de garantizar que el crecimiento económico que experimentamos se convierta en un real desarrollo para el beneficio de todos.
