En Panamá existe la infraestructura necesaria para convertir al país en un centro de reexportación de combustible para la región centroamericana, una vez quede sin efecto el acuerdo entre Refinería Panamá y el Estado.
Así lo aseguró el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias y Agricultura de Panamá, ex miembro de la comisión revisora de la ley de la Refinería, José Javier Rivera, quien asegura que, en términos generales, se desconoce cómo opera el mercado de hidrocarburos localmente.
Explicó que se viene pensando en la liberación del mercado desde hace años, desarrollando esta idea parcialmente desde 1992 con el concepto de las zonas libre de petróleo con lo que se buscaba, de alguna manera, abrir el mercado.
Esto permitió que otras empresas, aparte de Refinería Panamá, participaran en todas las actividades de importación y también de negociación interna de los productos.
"A lo largo de los años, esta política ha sido exitosa", dijo Rivera, quien participó en la creación de estas zonas libres dentro de la comisiòn revisora durante el gobierno de Endara.
Rivera asegura que en estos momentos el país está preparado para entrar a una fase más madura en el mercado de hidrocarburos, para lo que se necesita transformar a Refinería de Panamá en una empresa de acopio de combustible y dejar de lado las operaciones como planta refinadora (las cuales incluían una arancel de 11% que encarecían el producto).
Rivera reconoce que estos cambios en los sistemas operativos de las empresas tienen efectos negativos. En este caso, Refinería Panamá liquidaría a más del 50% de sus empleados. Sin embargo, "en un análisis objetivo debe ser el consumidor el que más se beneficie, lo cual se logrará con la generación de más competencia".
Manifestó que, a mediano plazo, la transformación de la empresa refinadora a una de acopio, no debe tener implicaciones negativas en la calidad de suministro, "porque en Panamá hay una infraestructura de tanques que permite tener el suministro adecuado".
bbbZONAS LIBRES DE COMBUSTIBLE
El decreto de gabinete No.29, establece una política de liberalización del mercado petrolero en la República de Panamá y se toman otras medidas, contempla la creación de Zonas Libres de Petróleo.
Estos son recintos cerrados con controles aduaneros en donde se pueden realizar actividades de importación, introducción, reexportación, almacenaje, refinación, mezcla, trasiego, venta al mercado local y la manipulación de petróleo crudo, semiprocesado o cualquiera de sus derivados.
Las empresas que se acojan al régimen de Zonas Libres de Petróleo gozarán de los beneficios tributarios contemplados en el Código Fiscal. Según esta modalidad, el petróleo crudo y sus derivados entrarán a las Zonas Libres de Petróleo, sin pagar impuestos, gravámenes y demás contribuciones fiscales relacionadas con su importación.
Panamá cuenta con las instalaciones portuarias en Balboa, Roadman, Cristóbal, Charco Azul, Chiriquí Grande y Bahía Las Minas, las cuales están dotadas de infraestructuras de almacenamiento de combustibles.
Hay además, un oleoducto de 131 kilómetros de longitud que trasiega de petróleo crudo del Pacífico al Atlántico. Este oleoducto tiene una capacidad de bombeo de 800,000 barriles por día y de 2.5 millones de barriles de almacenamiento en cada una de sus terminales.
Refinería Panamá S.A. es la única empresa que "refina" combustible en el país.
Tras varios meses de negociaciones entre esta empresa y el Gobierno, que tenían como propósito reformar el contrato ley firmado entre la nación y la compañía en 1992, se logró pactar un acuerdo preliminar para dejar sin efecto la demanda de arbitraje internacional contra el Estado por 89 millones de dólares. Este acuerdo preliminar debe llevarse al gabinete ministerial para su discusión y aprobación.
La Refinería reclamaba esta indemnización por el incumplimiento de cláusulas contenidas en el contrato ley No. 35 celebrado entre ambas partes en 1992. El contrato disponía que aquellos derivados de petróleo que ingresaran al país estaban sujetos a una tarifa de protección de empezó en 20% y actualmente llegó a 11%, pero en 1998 se dispuso que las compañías generadoras de electricidad tenían derecho de introducir al país libre de impuestos, los combustibles que utilizarían para la generación de energía eléctrica.
El acuerdo fue denominado un documento de "ganar ganar". La Refinería retiraría el millonario arbitraje y Panamá concedería a la empresa la oportunidad de convertirse en un centro de acopio, con lo cual mitigarían las millonarias pérdidas que registraba la empresa.
Sin embargo, cuando todo estaba negociado entre el Gobierno y la empresa, los 290 empleados a los que se les ofreció 27 millones de dólares se oponen al cambio, poniendo en práctica un paro de labores como medida de presión.
La empresa no está dispuesta a negociar y abrir el paquete de compensación ofrecido, por considerarlo como único al repartirse 27 millones de dólares entre 290 empleados. La planilla quedaría reducida a 40 trabajadores, aproximadamente.
El Consejo de Gabinete, luego del lapso de un mes, no decide aún, formalmente si aprueba el acuerdo al que llegó con la empresa; las empresas que forman parte de las zonas libres abastecen el mercado local; y mientras tanto, los Tribunales de Arbitraje podrían fijar nuevas fechas de audiencia entre Refinería Panamá y el Estado panameño, al vencer el 15 de marzo el plazo que se les otorgó para resolver las demandas de manera amigable.
Panamá puede ser un centro de reexportación de combustible
J.J. Rivera indicó que se viene pensando en la liberación del mercado desde hace años, desarrollando esta idea parcialmente desde 1992 con el concepto de las zonas libre de petróleo.