Un proyecto de Ley que subroga la Ley 58 de 12 de diciembre de 2002 y se reestructura las medidas de retorsión en caso de medidas discriminatorias contra Panamá por parte de otros Estados, fue aprobado este martes, en Consejo de Gabinete.
En un comunicado, el Gobierno panameño aclaró que la medida busca mejorar la defensa de los intereses económicos y comerciales internacionales del país.
La iniciativa también llega en momento cuando Panamá se mantiene a la espera de que el Gobierno Colombiano acoja un fallo emitido por la Organización Mundial de Comercio (OMC) que elimina aranceles a productos provenientes de la Zona Libre de Colón para supuestamente "hacerle frente al lavado de activos y al contrabando de mercancías".
El proyecto de Ley también establece el análisis y revisión del cumplimiento de tratados, convenios y acuerdos ratificados y vigentes, así como la creación de una lista de "Estados que Discriminan Contra la República de Panamá" que será elaborada mediante resolución interministerial.
En tanto, el Consejo de Gabinete tendrá la responsabilidad de determinar las medidas que se aplican a un Estado que discrimine contra Panamá y entre las medidas que coadyuven a la defensa de los intereses económicos de la República de Panamá destaca las Medidas tributarias, incremento arancelario, y las medidas migratorias y laborales a los nacionales.
También incluyen la restricción o suspensión a personas naturales o jurídicas originarias del Estado sancionado, y la restricción o suspensión del movimiento de transporte terrestre, aéreo y marítimo de carga y de pasajeros; incluyendo el movimiento o transporte de cargas peligrosas, entre otros.
Corresponderá al Ministerio de Relaciones Exteriores notificar porr vía diplomática, al Estado que Discrimina de su ingreso a la lista e invitará a las autoridades de dicho Estado a iniciar las conversaciones y negociaciones atinentes a corregir o eliminar las medidas.
El documento avalado por el Gabinete será remitido por el Ministro de Economía y Finanzas Dulcidio De La Guardia a la Asamblea Nacional para su consideración y posterior aprobación.
