Establece que una vez identificada la discriminación, el gobierno panameño consultará en un plazo de seis meses con el gobierno que ha adoptado la medida discriminatoria para lograr una solución bilateral del caso mediante un acuerdo que elimine los efectos de dicha medida.
Si transcurrido el plazo establecido no se ha logrado un acuerdo satisfactorio, el respectivo país será incluido mediante resolución interministerial en la lista de países que discriminan contra la República de Panamá.
