Líderes empresariales venezolanos, que organizaron un paro antigubernamental esta semana, dijeron ayer que pedirán al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela la anulación de 49 leyes aprobadas por el presidente Hugo Chávez.
El presidente de la principal asociación empresarial, Fedecámaras, Pedro Carmona, dijo que el gremio también presentará en los "próximos días" ante la Asamblea Nacional un proyecto para derogar las leyes, que dicen son "confiscatorias" y amenazan la propiedad privada.
"Anuncio la decisión de presentar el viernes una demanda de nulidad por inconstitucional, y un proyecto de ley derogatoria de las 49 leyes", dijo en conferencia de prensa. Explicó que las leyes tienen vicios de ilegalidad e inconstitucionalidad.
Analistas ven en los nuevos anuncios un recrudecimiento del conflicto entre Chávez y sectores empresariales y sindicales, que organizaron un paro de 12 horas el lunes contra las leyes aprobadas mediante poderes especiales por el mandatario.
La protesta, que dejó virtualmente paralizado al país petrolero, fue el mayor desafío político que ha enfrentado Chávez en sus casi tres años de gobierno.
Los empresarios exigen modificaciones de las leyes que aprobó Chávez, principalmente una que distribuye tierras ociosas a los campesinos pobres, y una sobre hidrocarburos que regula este sector.
Pese a la protesta, el militar retirado que en 1992 encabezó un intento de golpe de Estado antes de convertirse seis años después en presidente, rechazó dialogar con las que llamó "cúpulas egoístas" empresariales y sindicales y amenazó con "apretarles las tuercas" a sus opositores.
Carmona afirmó que, con su actitud, Chávez se "autoexcluyó" de cualquier posibilidad de diálogo, pero reiteró que si el gobernante modifica su criterio "estaremos también dispuestos a hablar".
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