Los fraudes al sistema de seguridad social de Brasil provocan pérdidas anuales de al menos 300 millones de dólares, según estimaciones conservadoras del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
El ministro de la Previsión Social, Ricardo Berzoni, atribuyó este enorme hueco a la cultura brasileña y a un sistema caduco en el que, por ejemplo, miles de muertos siguen “cobrando” pensiones en fondos que son desviados a otras manos.
“Vamos a hacer que el país se libre de la cultura de la corrupción y del bandidaje”, dijo el ministro en un discurso que pronunció en Brasilia durante la ceremonia de creación de un cuerpo de tareas especiales que se dedicará a combatir estos delitos.
Las pérdidas por los fraudes en el sistema de seguridad social equivalen a poco menos del uno por ciento de los 107,000 millones de reales (unos 35,000 millones de dólares) pagados en beneficios a los pensionistas durante 2003, según los cálculos del Gobierno.
“Combatir el crimen también significa incluir más personas en el sistema de previsión”, agregó el funcionario.
Berzoni también atribuyó el fraude masivo al descontrol administrativo y al gran desfase tecnológico e informático del sistema.
El ministro explicó que su despacho se propone poner en acción fuerzas de tareas especiales, integradas por agentes de la policía y por fiscales del ministerio de Hacienda, en los 27 estados de Brasil antes de 2006.
De esta forma, considera que se podrá fiscalizar adecuadamente el sistema, identificar los fraudes, castigar a los responsables y hacer que los montos evadidos regresen a las arcas del deficitario sistema de seguridad social.
La investigación va a comenzar en las cuentas de un grupo de jubilados ya muertos y en las de personas mayores de 90 años que reciben beneficios desde hace 30, o sea que tendrían ahora 120 años.
“Es difícil hacer una evaluación del tamaño de los fraudes”, admitió el ministro al explicar que algunas evaluaciones indican que que el monto evadido puede llegar al cinco por ciento de los beneficios pagados.
Este porcentaje equivaldría a unos 1,750 millones de dólares.
“Si tuviéramos uno a dos por ciento de fraude, ya es motivo para emprender un esfuerzo enorme de recuperación del dinero”, dijo el ministro.
