El gobierno peruano espera recursos financieros por 1.500 millones de dólares del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Andina de Fomento para atender los requerimientos del sector público en el año 2001.
Un comunicado oficial difundido señala que "en la Carta de Intención que se presentará al FMI se reafirma la voluntad del gobierno de transición democrática por la aplicación de políticas prudentes y la continuación de reformas estructurales".
El Poder Ejecutivo busca recuperar la imagen y credibilidad del país ante los mercados internacionales, deteriorada por la crisis política que derivó en la destitución del ex presidente Alberto Fujimori y la convocatoria a elecciones generales el 8 de abril.
Una prioridad del ministro de Economía y Finanzas, Javier Silva Ruete, es que el país logre este año un déficit fiscal de 1,5% del Producto Bruto Interno, compatible con la Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal.
El gobierno estima que la continuidad del programa de privatización y la concesión de empresas públicas al sector privado debe generar recursos al fisco por más de 500 millones de dólares, vendiendo acciones estatales en compañías eléctricas y empresas mineras.
Otros compromisos asumidos por las autoridades peruanas con el FMI incluyen el aumento del número de contribuyentes, evitar la pérdida de la recaudación tributaria, mejorar la eficiencia del gasto público, así como fortalecer el sistema financiero a través de procesos de fusión y capitalización de la banca privada.
