La estatal Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) de Chile admitió ayer que en 2008 sufrió pérdidas que pueden superar los 550 millones de dólares, debido al fuerte aumento de costos que debió asumir para afrontar un escenario energético "complejo" para el país.
En una nota enviada a la Superintendencia de Valores y Seguros, la ENAP indicó además que su resultado financiero del cuarto trimestre de 2008 se verá afectado por importantes pérdidas, "derivadas de la venta de sus inventarios".
Al cierre del tercer trimestre, la petrolera estatal acumulaba pérdidas cercanas a 200 millones de dólares que, según informaciones de la prensa financiera, podrían elevarse a más de 550 millones al cierre del año.
"La empresa estima que los resultados negativos serán mayores a los registrados al 30 de septiembre de 2008", dijo ENAP en la nota, precisando que el total anual de pérdidas "podría superar" lo pronosticado por la prensa.
ENAP vende productos refinados a los precios internacionales vigentes en el momento de la operación, pero compra el petróleo crudo dos meses antes.
Debido a la fuerte bajada de los precios del petróleo en los últimos meses, la compañía ha vendido refinados a un valor menor que el que pagó por el crudo.
Por otra parte, en el primer semestre, cuando el petróleo experimentó fuertes alzas, la estatal aumentó sus compras de sustitutos como el diesel para abastecer a las plantas de generación térmica de electricidad en reemplazo del gas argentino, cuya llegada disminuyó a sólo lo necesario para las redes domiciliarias.
La situación de la ENAP precipitó el pasado lunes la renuncia de su gerente general, Enrique Dávila, en cuyo lugar asumió ayer Rodrigo Azócar, en medio de versiones de prensa sobre la eventual emisión de un bono por unos 500 millones de dólares.
La emisión, según dijo ayer el diario El Mercurio, tendría por objeto afrontar las deudas a corto plazo de la petrolera por unos 800 millones y, adicionalmente, ENAP buscaría renegociar parte de esos compromisos con sus acreedores.
Todo ello ha provocado además un debate político, que incluye entre otras medidas el nombramiento de una comisión investigadora del Parlamento, y ha reavivado viejas discusiones sobre la conveniencia o no de privatizar la empresa.
