Los grupos ecologistas estadounidenses están preocupados por una propuesta de la industria agrícola para darle a las granjas fabriles un exención de dos años al cumplimiento de los reglamentos de calidad de aire y derechos tóxicos, a cambio de que participen en un programa de investigaciones con un monto de 11 millones de dólares.
El grupo ambientalista Sierra Club emitió un comunicado en el cual señala que el gobierno del presidente George W. Bush sostiene reuniones a puerta cerrada con representantes de la industria ganadera y del pollo para eximirlos de cumplir con requerimiento oficiales y las leyes de corte ecológico. El mal olor y los desperdicios de las agroempresas, tanto las grandes como las pequeñas, ha sido causa de molestias en las comunidades vecinas.
Eximir a las fábricas de animales de reglamentos ecologistas básicos como la Ley de Aire Puro simplemente pondría en riesgo a miles de comunidades"", dijo Brent Newell, representante legal de Sierra Club.
El club emitió también una copia de un documento confidencial, con casi un año de antigüedad, enviado a funcionarios de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) por el cabildero agrícola John Thorne, donde propone que la industria pague por dos años de investigaciones sobre los mecanismos de vigilancia de la calidad del aire.
En ese período, la agencia tendría que concederle inmunidad contra acciones judiciales del gobierno a los varios miles de granjas que participarían en el planeado programa, dijo Thorne.
Bill Becker, quien encabeza un grupo que representa a funcionarios estatales y locales de control de la calidad del aire, le escribió a la administradora de la agencia de protección, Christie Whitman, diciéndole el mes pasado que el plan de inmunidad afecta la capacidad de los estados y las locales para responder a las emisiones agrícolas al aire y presenta un perturbador precedente a las leyes de calidad del aire.
