Ciudad Cortés. En 10 años, la zona bananera al sur del país pasó de ser la esperanza y la salvación a una fuente de pobreza, deserción estudiantil, alcohol, desintegración familiar y hasta hambre, tras el cierre de cinco de las 12 fincas sembradas entre 1990 y 1992. Es decir, 1.000 hectáreas.
El camino es inevitable. Las fincas Servasur, Línea Verde, Coobasur, Banasur y Boruca están encharraladas y las cepas de banano contaminadas con sigatoka, pues no se atienden desde noviembre, y la decisión es destruirlas, probablemente a partir de esta semana.
El caos social hubiera sido total si se concreta el cierre de otras cinco plantaciones -937 hectáreas-, que ordenó el 31 de mayo la Corporación Bananera Nacional (Corbana) pues las fincas no tienen futuro.
Estas plantaciones de las cooperativas Coopalca del Sur, Coopalsur, Coopeadelante, Coopesierra Cantillo y Coopropalca no generan el ingreso suficiente para salir avante, pero al menos su actividad da trabajo a unas 800 personas.
La orden de cierre quedó atrás tras un arreglo de última hora, que trasladó 𧦘 millones al Fideicomiso Bananero del Sur (Fibasur), para que esta dependencia de Corbana siguiera temporalmente administrando las empresas. En las fincas Térraba y Chánguina, los trabajadores están en huelga desde hace un mes en protesta por el atraso en el pago de salarios y garantías sociales. Aquí, unas 600 hectáreas están sin atención, pero la plantación se puede recuperar.
Desde noviembre anterior, 1.000 personas se quedaron sin empleo en esta zona bananera, ubicada en el distrito de Palmar, cantón de Osa, y aún hoy no reciben siquiera sus prestaciones. "Y aquí no sabemos hacer otra cosa y no hay en qué trabajar", dijeron los desempleados.
Algunos optaron por planes de emergencia. Se lanzaron a la pesca, a pesar de su poca experiencia en esa tarea, otros trabajan ocasionalmente en las cinco fincas que permanecen abiertas, pero la mayoría ya entró en un proceso de desesperación.
El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), con el apoyo de la presidencia de la República, propuso algunas salidas a la crisis.
L Aportar entre 㾄 y 㾎 millones para erradicar las 1.000 hectáreas contaminadas con sigatoka. Los desempleados trabajarán en esta labor que durará unos dos meses. Acudir a fondos de Judesur, que administra el aporte del Depósito Libre Comercial de Golfito para la zona, para pagar las prestaciones de los trabajadores de las fincas cerradas.
Estos trabajadores formarán cooperativas, recibirán las tierras donde había banano y se les ayudará en algunos proyectos, como la siembra de bambú, tilapias o la maricultura. Se contará con fondos aportados por Taiwán y con la ayuda de técnicos de esa isla.
Financiar a Fibasur para que siga la administración, durante un período transitorio de las otras cinco fincas. Se le entregó, mediante decreto, 𧦘 millones de los fondos de emergencia que administra Corbana.
Estas cinco fincas se convertirán en nuevas cooperativas y, a su vez, formarán un gran consorcio. Ya este proceso está en marcha, coordinado por técnicos del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop).
El consorcio administrará las 937 hectáreas que tienen contrato para vender la fruta con la empresa Del Monte hasta diciembre del 2002.
Pero las salidas requieren procesos legales que no serán fáciles. Así lo entienden los dirigentes de la zona. Franklin Obando, del sector cooperativo, y Jorge Gómez de los bananeros independientes y miembro del Comité pro Salvación de Actividad Bananera, afirmaron que las soluciones urgen para evitar el caos social.
