El gobierno del presidente Carlos Mesa anunció su decisión de "respetar" el proyecto de ley petrolera que postula la recuperación del control estatal sobre estos recursos, propuesta por una comisión mixta del Congreso y que fue aprobada en una primera instancia por la cámara de Diputados boliviana.
En tono de resignación, el ministro de la Presidencia, José Galindo, se comprometió a "respetar esta decisión que ha tomado el Parlamento", que desplazó un proyecto de Mesa que proponía la "nacionalización responsable" de hidrocarburos sin espantar a las petroleras que operan en el país ni la potencial inversión privada.
La propuesta de la comisión mixta de Desarrollo Económico del Congreso, presidida por el legislador socialista Santos Ramírez, indica que los ingresos de la producción petrolera por parte de productores privados serán compartidos en partes iguales (50-50) con el Estado boliviano.
Postula, asimismo, que la compañía estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que será potenciada con un fondo de entre 600 y 800 millones de dólares, participe del control de la cadena productiva de hidrocarburos, es decir desde la explotación hasta la comercialización y transporte, actualmente en manos de privados.
El empresariado criollo, que reflejó la postura de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos, que aglutina a 25 petroleras extranjeras, no dudó en tachar la legislación aprobada por los diputados bolivianos de "estatista, confiscatoria y expropiatoria".
"Es responsabilidad del Parlamento plantearle su ley al país una vez que hubiera concluido su discusión", advirtió Galindo.
El ministro reconoció sin embargo que la legislación podrá sufrir modificaciones en la misma cámara de Diputados, cuando se trate en detalle, es decir artículo por artículo, desde el 3 de noviembre. "Es la primera etapa, es la formalidad, hay mucho camino que recorrer, queremos que el camino que recorra, se recorra responsablemente", dijo.
Su tratamiento artículo por artículo "será la hora de la construcción colectiva de la ley", estableció por su lado el presidente de Diputados Mario Cossío.
La propuesta de ley de Mesa, por el momento descartada, proponía la recuperación de los hidrocarburos en boca de pozo y un incremento paulatino del 18 al 50% de impuestos y regalías sobre la producción petrolera hasta el año 2014.
