El gobierno peruano empezó a cobrar desde ayer el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), que busca mejorar sus ingresos y ha sido resistido por la clase empresarial, aunque recibió el apoyo de la izquierdista central de trabajadores del país.
El ITF gravará con una tasa de 0.15% cada depósito y retiro desde una cuenta bancaria, salvo que ésta se halle exonerada por ser abono de remuneraciones al personal de categoría dependiente, pensiones de jubilados y cesantes o la compensación por tiempo de servicios.
Un informe remitido por el Banco Central de Reserva al Congreso señala que el ITF afectará la competitividad de la economía peruana por su impacto en los costos de producción.
La polémica que generó el nuevo impuesto, cuya vigencia es hasta el 31 de diciembre de 2006, llevó al presidente del Consejo de Ministros, Carlos Ferrero (oficialista) a intentar una defensa del mismo.
"Hay empresarios preocupados por el ITF porque subirán sus costos, pero a la par hay otros empresarios a los que no les gusta que se sepa que están moviendo más dinero de lo que formalmente declaran", dijo.
Ferrero dijo además hay empresarios "contrabandistas, narcotraficantes, sinvergüenzas, ladrones, evasores que ahora las van a ver verdes porque se les quitará la careta".
A su vez, el Tribunal Constitucional tiene en agenda pronunciarse sobre solicitudes de inconstitucionalidad del ITF.
Además de las críticas del gremio empresarial privado del país, el Banco de Crédito del Perú número uno a nivel nacional alertó sobre "el mayor efecto recesivo que tendá el ITF por su impacto en las tasas de interés".
Para el BCP, "lejos de cumplirse el objetivo del gobierno de reducir la evasión tributaria, se corre el riesgo de que ésta se incremente".
Según versiones oficiales, el fisco recaudaría por el nuevo impuesto 1,500 millones de soles (428 millones de dólares) anualmente, a fin de atender las latentes demandas sociales y aumentos de remuneraciones en el sector público.
