El veto de la Ley 95 anunciado formalmente por la presidenta de la República, Mireya Moscoso, provocó reacciones ásperas en algunos sectores productivos, como el de los porcinocultores.
Según el presidente de la Unión Nacional de Productores Agropecuarios (UNPAP), Luis Benjamín Rosas el veto reflejó un proteccionismo directo de parte del Gobierno en favor del sector industrial, sin tomar en cuenta las aspiraciones del sector agropecuario panameño, señaló Luis Benjamín Rosas, presidente de la Unión Nacional de Productores Agropecuarios de Panamá (UNPAP).
Rosas, consideró que la ley que fija la universalización de incentivos a la producción, se hizo con el objetivo de que se diera un equilibro entre la producción nacional y la agroindustria, y que, se respetaran las cuotas arancelarias de los rubros agropecuarios sensitivos negociados en la ley 23 que permitió la adhesión de Panamá en la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Recalcó que inicialmente se dijo que el veto parcial de la Ley 95, sería en alusión al artículo primero sobre la definición de materia prima, en la que se acordó especificar solamente a los ocho rubros sensitivos negociados con la OMC, y no a materias primeras de otros sectores productivos del país.
"En algunos debates realizados con los representantes del Sindicato de Industriales de Panamá, ofrecimos nuestra disposición para que pudiéramos evaluar la definición de materia prima establecida en el artículo primero con el fin de ser más flexibles y afectar lo menos posibles a otros sectores de la economía", expresó Rosas.
Sin embargo, señaló que al veto se le han sumado también, la modificación de los artículos 23 y 25 que serían modificados por los artículos segundo y tercero de la Ley 95.
Dijo que, luego del veto de la ley 95 que fija los incentivos a la producción, la decisión final será trasladada a la Asamblea Legislativa, a fin de hacer las evaluaciones correspondientes como prioridad en el próximo periodo legislativo.
Las discrepancias surgidas entre el sector industrial y el sector agropecuario, obedeció luego de la denuncia de los productores agropecuarios, debido a que se ha estado importando excedentes de productos sensitivos pagando el arancel incorrecto.
El veto del Organo Ejecutivo se concentra en el artículo primero de la Ley 95 que conceptúa inconveniente debido a que la definición de materia prima expuesta en la misma es "sumamente restrictiva".
En este sentido, dispone que no son materias primas los insumos que no sufran una "transformación sustancial" que los convierta en un "producto diferente", lo que equivale por un lado, encarecer inmediatamente el aumento de los impuestos de importación, los costos de producción de las industrias existentes; lo que disminuiría la capacidad de competir con los productos terminados importados.
La ley 95 establecía en su artículo primero que "para los efectos de esta ley, se entiende como materia prima el producto que requiere de una transformación sustancial de acciones que se realizan dentro del proceso productivo, y que requiere de un cambio de forma tal que después de realizado dicho cambio, se considera un producto diferente".
Además, el Organo Ejecutivo fundamentó la inconveniencia de la ley 95, en que se entorpecería la creación de nuevas industrias, cuyos procesos de producción utilicen insumos que no sufrirán una transformación sustancial, pero "sí implican un valor agregado importante que conviene que se genere en el territorio nacional."
Por otra parte, el veto subraya que el criterio de "transformación sustancial" puede perjudicar la capacidad de negociación de Panamá en los Tratados de Libre Comercio (TLC) que actualmente se llevan a cabo con los países de Centroamérica, México y Chile.
En este sentido, se explicó que uno de los temas más "difíciles" para en las negociaciones del TLC, es el capítulo relacionado a las "normas de origen", y con la definición de "transformación sustancial", los demás países, podrían sostener que no son originarios de Panamá los productos manufacturados realmente aquí con materias primas que no hayan sufrido dicha transformación.
Según el Organo Ejecutivo, lo expuesto anteriormente excluiría a tales productos del ámbito de aplicación de los Tratados de Libre Comercio (TLC).
La ley 95 tenía por objetivo modificar los artículos 23 y 25 de la Ley 28 de 1995, sobre la universalización de los incentivos a la producción.
