La inversión en infraestructura en América Latina se recuperará tras el estancamiento de los últimos años, pero para ello será necesaria una mayor participación del gobierno, según algunos expertos reunidos ayer en el BID.
“Hemos pasado el bache, pero esto no implica que todo vaya a ser flores y violetas”, dijo Luis Guasch, asesor del Banco Mundial (BM) sobre el tema, quien participó en una conferencia organizada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
América Latina cuenta con una infraestructura anticuada y necesitará inyecciones de dinero del orden de 70,000 millones de dólares por año hasta 2010, es decir un 3% del Producto Interior Bruto (PIB) regional previsto, según dijo el presidente del BID, Enrique Iglesias, en el seminario de dos días inaugurado ayer.
Las inversiones en electricidad, telecomunicaciones, transportes y saneamiento no muestran la “euforia” de principios de los noventa, pues “en muchos países las joyas de la corona ya se han otorgado”, según Guasch, en referencia a las principales empresas públicas del sector que fueron privatizadas en la década pasada.
Además de ser más cautelosa, esta segunda ola de inversión tiene otras características diferentes de la primera.
“La primera ola de proyectos de infraestructura tendió a colocar demasiados riesgos en los socios privados”, dijo ayer Enrique Iglesias en el seminario.
Era la época dorada del llamado “Consenso de Washington”, una receta de reformas apoyadas en círculos académicos y financieros que retrataba al estado como la fuente de todos los males.
Pero un análisis de esas privatizaciones demuestra que los proyectos que tuvieron éxito fueron los que contaron con fuerte apoyo del gobierno, según John Strong, profesor de Finanzas y Economía del College of William and Mary.
Además, gran parte de la nueva infraestructura que América Latina necesita, como por ejemplo suministro de agua para comunidades rurales, es deficitaria por naturaleza, por lo que la participación del gobierno es indispensable, según los expertos.
También es importante la intervención de otro sector público, el internacional, representado por instituciones como el BID y el BM, que “dan crédito, seguridad y garantía del éxito” de las inversiones, según José María Arraiza, secretario general del Grupo Unión Fenosa, una empresa de servicios públicos española con presencia en siete países latinoamericanos.
No obstante, la relación entre los gobiernos de la región y las compañías de servicios e infraestructuras ha sido de amor y odio.
Un 42% de los contratos concedidos en licitaciones -que cubren períodos de 20 ó30 años usualmente- ha sido renegociado poco más de dos años después, según un análisis de 1,300 concesiones en América Latina de mediados de los 80 a 2000 realizado por Guasch.
En un 60% de los casos este cambio en los parámetros del contrato ha beneficiado a las empresas concesionarias, que han conseguido aumentos de tarifas o el aplazamiento de inversiones que se habían comprometido realizar.
