El Gobierno de Ecuador estudia una reforma laboral que busca elevar el salario mínimo vital, que actualmente se ubica en los 218 dólares mensuales, a una remuneración "justa" de 320 dólares.
Así lo anunció el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, durante su habitual informe semanal de los sábados, en el que precisó que su Gobierno busca mejorar el monto del salario mínimo, que no alcanza para cubrir la cesta básica de productos para una familia.
Recordó que la cesta básica familiar se cotiza actualmente en 512 dólares, lo que supone menos de la mitad con respecto al salario mínimo, por lo que insistió en la necesidad de una reforma, que la presentará próximamente.
Correa explicó que, según los estudios, en promedio existen en cada familia ecuatoriana 1,6 perceptores, es decir, personas que aportan al ingreso familiar, por lo que si ese indicador se multiplica por el monto salarial de 320 dólares, se cubriría el coste de la cesta básica.
El mandatario, que es economista de profesión, precisó que su propuesta toma en cuenta también la relación entre los ingresos de las empresas y la distribución de estos hacia el capital y el trabajo.
Puso como ejemplo el caso de Suecia, donde aseguró que por cada dólar de ingreso, 80 centavos van a los salarios y el resto al capital de la empresa.
También explicó el caso de Estados Unidos, en que la relación es de 70% hacia los salarios y el 30% restante a las utilidades de las empresas.
Sin embargo, dijo que en Ecuador, "en un momento dado, de cada dólar que se generaba, 87% iba al capital y el 13% al trabajo".
Además, dijo que en su país los empresarios han confundido el concepto de salario mínimo con el de sueldo justo, apreciación que según el mandatario es errónea.
Por ello explicó que el salario mínimo es un índice que representa el menor sueldo a pagar para "evitar un mal mayor", que es el desempleo, pero remarcó que eso "de ninguna manera es el salario justo".
"Salario justo debería ser el que pueda cubrir la cesta básica de productos, subrayó Correa, tras indicar que su propuesta prevé aceptar que una empresa declare utilidades siempre y cuando pague como salario mínimo a todos sus trabajadores los 320 dólares mensuales.
