Una posibilidad de un cambio y de pedir mejores condiciones para los clientes de las empresas de distribución eléctrica se avecina para Panamá.
Esto, porque sus contratos se vencerán en octubre del 2013 y antes de esto, las autoridades deberán coordinar si estas se quedarán o se contratarán otras.
En línea están EDEMET y EDECHI, que son propiedad de la española Unión Fenosa y ENSA, la que recientemente fue adquirida por Empresas Públicas de Medellín.
Así lo ha puesto en evidencia la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), que debe coordinar la venta del 51% de las acciones que corresponden a las compañías , ya que el 48% restante está en manos del Estado y un promedio de 1% con los empleados, las que no están en oferta.
En este proceso, la ASEP es responsable por ley, de volver a negociar los contratos que se vencen luego de 15 años de concesión.
Para esto, el Estado pagará B/2.7 millones en una consultoría, que deberá, entre varias, fijar el precio de las acciones privadas, buscar el comprador y ser el intermediario con los interesados.
Se estima que en abril próximo se sabrá el nombre de la consultora que lleve adelante este proceso, y el 1 de diciembre del 2012 ya se debe conocer cuáles serán las distribuidoras que seguirán con este negocio en Panamá.
Sin embargo, Rodrigo Rodríquez, director Nacional de Electricidad, Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de la ASEP, aclaró que “los contratos de concesión permiten que las empresas privadas que actualmente tienen las acciones las sigan manteniendo, no obstante, van a entrar a competir con las otras empresas ”.
Las tres distribuidoras de energía que están hoy acumulan al 2009 activos por B/606 millones y tienen 798,551 clientes. (Ver cuadro anexo).
Estas compraron en 1998 sus concesiones al Estado, tras la privatización del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE), transacción por la que pagaron B/300 millones.
Rumbo a un posible cambio o establecimiento de nuevas reglas, Yakarta Ríos, presidente de la Asociación de Consumo Ético, reiteró: “Esperamos que esta nueva etapa de renovación o cambio pueda traerle al consumidor un abaratamiento en la energía que este compra, ya que el Estado puede renegociar mejores términos”.
Igualmente, el analista y economista Adolfo Quintero es de la opinión que este es el tiempo propicio para que se establezcan mejores términos de participación del Estado, como accionista en las distribuidoras.
En tanto, la consultora que buscará a las distribuidoras participantes deberá hacer una visita a Europa, otra a Estados Unidos y dos más en sitios a discreción de los mismos, en busca de la mejor opción para el país.
“Las empresas distribuidoras actuales tienen una situación económicamente sólida”, expresó Oliver Serrano, subdirector general de Inversiones, Concesiones y Riesgos del Estado del Ministerio de Economía y Finanzas.
