En medio de una acalorado debate que duró aproximadamente cuatro horas, el ministro, Joaquín Jácome, explicó ante la Comisión de Comercio de la Asamblea Legislativa, por qué decidió equiparar los beneficios fiscales de Panama Ports Compañy (PPC) a los del resto de los terminales portuarios.
Sin embargo, sus argumentos no convencieron a los legisladores del Partido Popular y Solidaridad, por lo que anunciaron que presentarán un proyecto de ley para derogar la resolución de equiparamiento de régimen fiscal.
Luego que Jácome respondiera un cuestionario de quince preguntas, el economista y legislador suplente de Teresita de Arias, Aníbal Culiolis, recalcó que procederán legalmente contra esta resolución y que buscarán el apoyo de las otras bancadas. Sin embargo, los miembros del PRD de la comisión respaldaron la inversión de PPC, en tanto que los arnulfistas no se pronunciaron, aunque no se descarta que apoyen a Jácome.
En tanto, a título personal, el asesor legal de la Comisión de Comercio, José Didimo Escobar, ya decidió que presentará ante la Corte Suprema de Justicia, un recurso de inconstitucionalidad.
Escobar recalcó que esta resolución ministerial se abroga la facultad constitucional de derogar una cláusula de un contrato ley, lo cual es sólo facultad de la Asamblea Legislativa. " El ministro está en desacato amplio y claro de la Constitución, por extralimitación de funciones", recalcó Escobar.
Teniendo como escenario el salón Azul, de la Asamblea Legislativa, el ministro de Comercio e Industrias (MICI), Joaquín Jácome empezó por recalcar que esta entidad tomó la decisión de anular el cobro de los 22 millones de dólares y el 10% sobre el ingreso bruto anual a PPC, para que se realizara una inversión de 200 millones de dólares, que, a su entender, generará 1,000 plaza de trabajo e ingresos al fisco que sobrepasan los 1,000 millones de dólares en 50 años, al manejar un millón de contenedores.
Jácome indicó que PPC tenía el interés de invertir 200 millones de dólares en el Pacífico y 40 en el Atlántico, pero con la estructura de pagos impositivos al Estado, no le sería rentable la ampliación del puerto.
PPC solicita al Estado que se equipare su contrato, lo que implica exonerarlos del canon de arrendamiento y la anualidad fija y esto es concedido a través de una resolución ministerial firmada por Jácome.
Según el titular, se tomó como base jurídica el artículo 2 de la Ley 12 de 3 de enero de 1996. El artículo establece que con la promulgación de la presente Ley, todas aquellas empresas en condiciones similares a la presente contratación, que antes de la vigencia de la misma se hayan dedicado o las que se dediquen en el futuro a la construcción, desarrollo y a la administración de terminal de contenedores, tendrán derecho a acogerse a los mismos beneficios, incentivos, derechos, exoneraciones, créditos fiscales, créditos por obras realizadas, tarifas impositivas especiales, privilegios, términos de duración de contratos.
111Después de un acalorado debate por más de 4 horas, miembros de la comisión de Comercio de la democracia cristiana y Solidaridad anunciaron que interpondrán recursos de inconstitucionalidad.
Sin embargo, Culiolis, quien llevó la batuta del debate por más de una hora, recalcó que a través de una resolución no se puede derogar cláusulas de contratos ley.
Por otra parte, el contrato de PPC hace referencia a modificaciones, pero, antes que éstas se realicen, deben pasar por los requisitos legales requeridos, que en este caso sería, la revisión de la Asamblea Legislativa.
Sin embargo, Jácome subrayó que con el gobierno de Ernesto Pérez Balladares se utilizó el mecanismo de " resoluciones para modificar los contratos ley", a lo que Culiolis manifiesta que "un error no justifica otro error".
El titular de Comercio , en su discurso ya repetitivo, dijo que lo que se busca es una equiparación entre el puerto de PPC, Manzanillo International Terminal (MIT) y Colon Container Terminal (CCT).
No obstante, el legislador Laurentino Cortizo, quien preside la Comisión de Comercio, declaró que no se pueden considerar estas tres terminales como similares.
MIT y CCT recibieron una adjudicación directa, mientras que PPC participó en una licitación en donde la compañía que ganaba sería la que más aportara al fisco nacional. En adición, PPC contaba con infraestructura que generaban 9 millones de dólares al Estado, antes de ser privatizada.
PPC anunció que inyectará 8,500 millones de dólares a la economía panameña dentro de los próximos 50 años y se entregarán al fisco 1,300 millones de dólares. Estos cálculos son exactamente a los que en repetidas ocasiones Jácome hace referencia, sin contar con documentos propios que certifiquen esta información.
Igualmente quedó en evidencia ante esta comisión, que el Gobierno no conoce los estados financieros de PPC, a pesar de ser dueño del 10% de estas acciones. Se conoció en esta discusión, que el día lunes 27 recién se nombró al ministro de Economía y Finanzas (MEF), Norberto Delgado, como la persona que representará al Estado en la Junta Directiva de PPC; figura que hasta la fecha no existía. En tanto, Cortizó manifestó que el Estado ha perdido con las negociaciones con PPC.
" El Gobierno hubiera podido garantizar la inversión, con la aplicación de un crédito extraordinario, sin exonerar los impuestos que pagaba la empresa", enfatizó.
Por su lado, Eduardo Morgan, abogado de PPC, indicó que cuando la empresa negoció el contrato ley con el Estado, se comprometió a pagar los 22 millones anuales, a sabiendas que esta cláusula podría ser modificada.
En medio de todo este debate, los legisladores del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Fredy Torres y Rubén De León, que forman también parte de la Comisión de Comercio, aplaudieron la inversión de PPC.
Todos reconocieron que se trata de la competencia entre un gigante chino y un gigante norteamericano que disputan el mercado de contenedores más importante de la región y en cierta forma el control de los puertos de contenedores más importantes del Caribe. MIT es actualmente la compañía que más contenedores mueve a nivel nacional, sin embargo, PPC con una ampliación en el Pacífico y el Atlántico, le podría arrebatar el liderazgo.
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