Antes de construir el segundo puente sobre el Canal de Panamá, su financiamiento podría convertirse en una arriesgada travesía. No se trata de movimientos telúricos; fuertes vientos o un tránsito peligroso, sino la forma en que se financiará esta millonaria obra que en la actualidad se yergue en medio de un intenso debate.
La iniciativa del segundo puente surgió del gobierno, empeñado en financiarlo y construirlo, pero no está claro de dónde saldrá el dinero en circunstancias de falta de recursos presupuestales para sustentar la audaz obra.
Pero repentinamente la figura de la concesión administrativa saltó a relucir como propuesta del Partido Revolucionario Democrático (PRD) a discutirse en la temática del diálogo con el gobierno. Durante el gobierno de Pérez Balladares se usó el sistema de concesión privada para construir los Corredores Norte y Sur.
El Ministerio de Obras Públicas (MOP), por su parte, ha destinado 17 millones de dólares en el presupuesto de este año, sólo para el diseño del segundo puente, mientras que en su presupuesto del 2002 también han fijado una partida millonaria (74.4 millones) para dicha inversión.
Ahora tercia en el debate nacional la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA), institución que representa oficialmente a los profesionales de la construcción. La SPIA tiene una posición ecléctica en cuanto a las fuentes de financiamiento, planteando que la mejor opción sería utilizar parte del Fondo Fiduciario para el Desarrollo (FFD); dar en concesión algunas fases; y utilizar dinero del Estado.
Cada una de las propuestas tiene sus pro y contras. Por ejemplo veamos los pro y contras de la propuesta del PRD: si se entrega en concesión la obra que en su conjunto suma aproximadamente 170 millones de dólares, los usuarios tendrán que pagar peaje, de 2 dólares como mínimo, cada vez que utilicen la vía, pero el país no continuará endeudándose.
En tanto, de acuerdo con la propuesta del gobierno, si el Estado lo financia en su totalidad lo más probable es que tenga que pedir préstamos a las instituciones financieras, pero se presume que no se cobrará peaje porque ello no se hace en el puente de las Américas.
Sin embargo, utilizar el FFD en combinación con estas alternativas ayudaría a que el impacto fiscal sea menor, según Ulises Lay, presidente de la SPIA Todas las posiciones concuerdan en que la obra es impostergable; en lo que hay diferencias es en cómo financiar el puente.
El vocero del MOP, René Hernández, confirmó que para el próximo año se fijó dentro del presupuesto parte del dinero para los planos que se destinará para esta obra, con lo que la institución parte por delante en este tema. " Nosotros comprendemos los problemas económicos del país, pero también sabemos que si se otorga una concesión el usuario tedrá que pagar por la obra", dijo Hernández.
Pero con ello no se define la fórmula total de financiamiento, porque la obra representará cerca de 3 años continuos de construcción. En tanto, Lay insistió que no se pueden tomar decisiones improvisadas, en cuanto a la fuente de financiamiento a pesar que el proyecto es realmente urgente.
El puente tendría un costo de 100 millones de dólares y las vías de acceso complementarias cerca de 70 millones de dólares. " Necesitamos el diálogo nacional para definir si el Estado pide prestado para financiarla o se da en concesión a una empresa privada por 20 ó 30 años", precisó.
Mientras se define la alternativa más viable, se ha planeado que el próximo 22 de noviembre, se procederá a la apertura de sobres con las propuestas de las empresas o grupos que lograron precalificar para el acto público internacional para la construcción del Segundo Puente sobre el Canal de Panamá, como parte de las obras de ampliación de la vía interoceánica.
Diez empresas de las catorce precalificaron para la ejecución de la obra de ingeniería. Están retirando el pliego de cargos, desde la semana pasada.
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