El Congreso Nacional de Honduras aprobará una ley para privatizar mediante concesiones la distribución de energía eléctrica, pero descartó la venta de las centrales hidroeléctricas, dijo ayer su presidente, Rafael Pineda.
Empresarios y dirigentes sindicales denunciaron la pasada semana que la nueva Ley del Subsector Eléctrico, pendiente de aprobación por el parlamento, incluía la privatización de la central "Francisco Morazán", la principal hidroeléctrica del país, y otras menores.
La prensa publicó, asimismo, partes del proyecto de ley que confirmaban la denuncia.
Sin embargo, Pineda aseguró que "eso no ocurrirá" y que la venta de las hidroeléctricas quedó fuera de toda discusión, "de manera absoluta y categórica".
Adelantó que la ley sí establecerá mecanismos para que empresas privadas, cooperativas y hasta los entes de previsión social aspiren a obtener concesiones del Estado para la distribución de energía.
El diputado presidente añadió que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE, estatal) seguirá a cargo de las centrales de generación "Francisco Morazán", "El Níspero", "Cañaveral" y "Río Lindo".
La privatización de la distribución de energía es una condición impuesta por el Fondo Monetario Internacional (FMI) al Gobierno hondureño en un acuerdo firmado en marzo de 1999, así como de la empresa telefónica, los puertos y aeropuertos.
En su reciente visita al país, el director gerente del FMI, Horst Koehler, advirtió de que Honduras debe emitir la nueva ley sobre energía, privatización incluida, porque es una condición para que el país obtenga un alivio de su deuda exterior.
La demanda nacional de energía supera los 600 megavatios, de los cuales el 50 por ciento los cubre la central "Francisco Morazán" y el resto las otras hidroeléctricas y plantas de generación privada.
La construcción de una nueva central, "El Cangrejal", cerca del puerto caribeño de La Ceiba, fue aprobada recientemente, pero es un proyecto de iniciativa privada.
La privatización de la telefónica está a punto de concretarse, mientras que el manejo de los cuatro aeropuertos internacionales fue otorgado a un consorcio estadounidense.