"Regularmente, las empresas son las que imponen sus criterios, ya que son las que manejan los medidores, hacen las pruebas, y el consumidor no va hasta el final del caso", dijo Pedro Acosta.
Señaló que el proceso es muy burocrático y finalmente el usuario decide no continuar el trámite y paga lo que le corresponde aunque no esté de acuerdo.
"Los procedimientos no favorecen a los usuarios", dijo.
Destacó que por las empresas tienen más recursos que los usuarios para defender su punto de vista, por lo que recomienda que se revise el procedimiento.
