El cambio climático, la volatilidad de los precios y la reducción de superficies agrícolas son algunos problemas que han incentivado la producción de cultivos transgénicos a nivel mundial.
En este sentido, expertos relacionados con la actividad agropecuaria en Panamá aseguran que el país está atrasado tecnológicamente y muestra de ello es la poca inversión que se destina a las investigaciones agropecuarias.
Grandes potencias mundiales han incursionado en esta producción como una medida de garantizar la seguridad alimentaria.
Estados Unidos es considerado el mayor productor de cultivos transgénicos seguido de países como Canadá, España, Brasil, Australia, Rumania, Uruguay, Colombia y Honduras.
Entre los cultivos que modifican genéticamente se encuentra el arroz, tomate, maíz, café, soja y uvas.
Sobre Panamá, Julio Ábrego, exdirector del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (Idiap), dijo: “Estamos tan atrasados tecnológica y científicamente, que hace más de 22 años, otros países producen cultivos transgénicos y nosotros todavía no tenemos una ley que ampare este tipo de producción”.
El funcionario dejó entrever que son los productores los afectados por esta situación toda vez que se ha incrementado el ataque de plagas, situación que precisamente buscan eliminar los cultivos modificados genéticamente.
Ábrego arremetió contra aquellos que se oponen a este mecanismo, al aclarar que esto no afecta la salud humana, si no el resto de los países no lo implementara.
La semana pasada, Panamá realizó su primera cosecha de maíz transgénico en una parcela muestra de 4 mil 500 metros cuadrados divididos en seis parcelas. En febrero se presentarán los resultados al Comité Nacional de Bioseguridad, quien autorizará o no el uso del grano en el país.
El tema en Panamá ha generado constantes debates, puesto que es considerado por ambientalistas y consumidores, un atentado a los sembradíos nativos.
Raisa Banfield, presidenta de la Fundación Panamá Sostenible, explicó que nada que intervenga el hombre es mejor que lo que la naturaleza ofrece.
Analizó que este método crearía una monopolización, ya que los productores deberán comprar la semilla cada vez que se inicie una siembra.
La ambientalista concluyó que las autoridades deben incentivar la producción nacional. “El problema de Panamá es que simplemente abre la puerta a todo”.
Yakarta Ríos, presidenta de la Asociación Consumo Ético, indicó que este tipo de aperturas generará una dependencia al ya débil sector agropecuario y la pérdida de la biodiversidad panameña.
“Vamos a estar dependiendo de semillas internacionales para producir, cuando es más barato invertir en fortalecer la actividad agropecuaria del país”, indicó la vocera.
Acotó que este tipo de semillas no se pueden reproducir ni intercambiar sin previo aviso de la empresa distribuidora.
Pare este año, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias tiene un presupuesto de $13 millones, del cual $2.5 serán destinados para inversión (aquí se incluyen las nuevas investigaciones).
