En el lapso de un año los programas sociales propuestos en el plan de gobierno del presidente Ricardo Martinelli le han costado al Estado unos $113 millones.
Algunos sectores tipifican como subsidio estas contribuciones y otros cuestionan la sostenibilidad económica que tendrán estos programas a futuro y el impacto en las finanzas.
Adicionalmente, se tilda como negativo que sea la clase media la que soporte la mayoría del peso financiero de estos programas, a través del pago de nuevos impuestos establecidos con la reforma fiscal.
El mandatario, luego de cumplir dos años de gestión, señaló que en la parte de educación el año pasado se entregaron de forma gratuita mochilas, libros, útiles y un bono escolar, cuyo presupuesto asignado fue de $31.3 millones.
En esta misma asignatura se beneficiaron 800 mil estudiantes de escuelas públicas y privadas con el primer pago de la beca universal, que le costó al Estado $27 millones.
Por la parte social, entre finales del año pasado y principio del 2011, el Gobierno destinó $35 millones para sufragar el primer y segundo pagos del Programa 100 a los 70.
Mientras que para sostener esta iniciativa se tienen presupuestados $508 millones para lo que resta del quinquenio.
Los dos últimos programas mencionados, a juicio del expresidente del Colegio de Economistas, Adolfo Quintero, no se han evaluado sobre la base de un estudio y por ende son subsidios insostenibles para futuras administraciones.
En el caso de la beca universal cuestionó la falta de un estudio científico que motive la asistencia a clase de los estudiantes.
Por otra parte, se encuentra el Fondo Solidario de Vivienda que hasta el momento ha costado unos $20 millones y que aporta $5 mil para la compra de viviendas de interés social.
Gaspar García de Paredes, expresidente del Consejo de la Empresa Privada, dijo que el problema no es que existan los programas, sino que aún no se ha definido el porqué son necesarios.
“Evidentemente llegará un momento en que la situación de las finanzas públicas será insostenible en la medida que más personas quieran beneficiarse de ciertos recursos a cambio de nada”, enfatizó .
Para sustentar el impacto de los mismos en las finanzas públicas, el titular de la cartera del Ministerio de Economía y Finanzas, Alberto Vallarino, explicó que todos los gastos corrientes y sociales pautados por el Estado se pagan con los ingresos corrientes.
Los pagos de todos los proyectos sociales propuestos por la actual administración se contemplan en los presupuestos anuales, hizo hincapié el funcionario.
A manera de previsión, dijo que se esperan excedentes de ingresos en el momento que comience a operar el Canal de Panamá ya ampliado, recursos que servirán para hacerle frente a futuros gastos.
