Con el objetivo de ofrecer alternativas al problema de la mora judicial que confronta la administración de justicia en Panamá, una ley nueva de arbitraje, mediación y conciliación cuyo costo supera el medio millón de balboas, fue creada recientemente y comenzará regir en los próximos días, según dio a conocer el director del Proyecto BID-Cámara, Ulises Pittí.
El decreto ley #5 del 8 de julio de 1999, busca crear centros arbitrales en todas las provincias del país, de manera que las personas puedan someter a jueces privados los conflictos que en un momento se presenten en su vida y no tengan que esperar tanto como sucede en la actualidad.
Pittí explicó que la ley faculta a la empresa privada a prestar un servicio similar al que ejecuta el "rgano Judicial, con la diferencia que establece que cualquier controversia deben dirimirse en un máximo de seis meses.
Según el vocero, el propósito de la empresa privada es brindar a los ciudadanos, la opción de utilizar un nuevo servicio pagando honorarios y tarifas administrativas según la naturaleza del caso, para lograr de forma más rápida la solución a sus problemas.
En ese sentido, los representantes de los sectores interesados, se reunieron ayer en la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Chiriquí, para ultimar detalles en torno a la ley que además, establece la conciliación comunitaria; es decir, que puede funcionar en juntas comunales para resolver diferencias entre vecinos, de servidumbre, altos volúmenes, entre otros.
Pittí señaló que los acuerdos dispuestos entre las partes al finalizar el asunto, tienen igual valor que una sentencia judicial dictada por las autoridades actuales.
Para el funcionario, dicho servicio es similar al que prestan las clínicas y los colegios privados del país, con miras a solucionar las múltiples dificultades que atraviesa la sociedad y a las que el Estado no puede dar respuesta.
Durante su intervención, la fuente reveló que el dinero se invirtió en lo que fue el proceso de captación, funcionamiento, especialistas para elaborar la ley, consultores nacionales e internacionales, diagnósticos de la realidad panameña y por último la publicidad en los medios de comunicación.
