"Para sostener u un comercio electrónico seguro es necesario que Panamá legisle en ese sentido para protegerse de ser víctima del terrorismo cibernético", esto fue parte de lo expuesto en la Asamblea Nacional por Carlos Alvarado, consultor de una compañía de ciber seguridad en Panamá.
Las declaraciones de Alvarado se dieron durante la clausura del programa de conferencias que desarrolla el Centro de Estudios Parlamentarios (CEP), cuyo primer tema fue los “Riesgos y Seguridad en las Redes de Comercio Electrónico”.
De acuerdo con el experto, se deben establecer leyes que permitan juzgar a las personas que se dedican a este tipo de delito.
Los terrorista cibernéticos que monten su crimen organizado en este país,deben ser extraditados a fin de que cumplan con las penas de acuerdo con el grado de infracción.
Explicó que actualmente la Ley establece que una persona que cometa este delito puede recibir de dos a tres años de cárcel, mientras que si trabaja en una empresa de telecomunicaciones puede alcanzar hasta los 10 años de prisión.
Aseveró que quienes cometen este tipo de fraudes merecen una pena mayor que la estipulada, ya que el daño que le hacen al país es irreversible, debido a que se afectan muchas áreas como la red financiera, eléctrica, y deja al país sin estos servicios por más de tres días.
Dijo que Panamá no cuenta con una Ley que cubra y califique todos estos crémenes para que se establezcan condenas mayores.
El ex Fiscal de Drogas Rosendo Miranda, en representación de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (APEDE), explicó sobre la implementación de la Ley 23 de 27 de abril de 2015 que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento al terrorismo, así como la proliferación de armas de destrucción masiva.
Miranda, quien además se desempeña como facilitador de organismos internacionales en blanqueo de capitales, señaló que esta Ley implica nuevos actores que son convocados a participar bajo una nueva visión de responsabilidad de todos los sectores económicos en este tipo de acciones preventivas.
Destacó que frente a la globalización financiera que se está dando a nivel mundial, se está creando un nuevo orden económico del cual Panamá no escapa; por tanto la Ley 23, recién aprobada, responde a este nuevo orden internacional donde se recomienda una serie de acciones que deben tomar los Estados para prevenir las distintas amenazas que se presenten a la sociedad en general.
Manifestó que este es un tema bastante amplio el cual esta íntimamente ligado a la actividad comercial y financiera de la ciudadanía.
