Panamá Oeste. La creación de una oficina Anticorrupción que opere de forma independiente con relación al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), dada las limitaciones con que actualmente opera dentro de esta entidad, fue propuesta por ministro de esta cartera, Norberto Delgado. La iniciativa del titular obedece a la posibilidad de iniciar algún tipo de investigación a funcionarios del Estado.
Según el ministro Delgado, esta oficina Anticorrupción fue creada inicialmente como una dirección de Auditoría para los temas de ingreso manejados por la Dirección General de Ingresos (DGI) y de la Dirección de Adunas; con lo cual su capacidad de acción es limitada. El tema ha sido conversado con anterioridad con la presidenta de la República, Mireya Moscoso, para buscar algunas opciones.
Agregó además que la independencia de esta oficina, especialmente para efectuar investigaciones, será uno de los temas que se discutirán en el Plan de Integridad Nacional, a iniciarse en las próximas semanas y en el que participaran los tres órganos del Estado, la sociedad civil, sindicatos, empresarios y partidos políticos.
No obstante, el ministro Delgado reconoció que el tema de las investigaciones por actos de corrupción en un tema "muy gris", dado que la Contraloría General de la República y el Ministerio Público cuenta con oficinas especializadas en Anticorrupción, por lo cual habrá que buscar un equilibrio.
Sugirió además reformas a la Ley 56 de contratación pública, a fin de obtener mayor control sobre la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado, calificando la misma como un elemento de primer orden para evitar actos de corrupción.
Igualmente, las reformas evitarían además los dolores de cabeza que sufren los propietarios de empresas constructoras por razón de las Comisiones Evaluadoras, integradas por "humanos" y cuyo criterio es por ende es subjetivo; por lo que se necesitan elementos que eviten esa subjetividad.
Proponen independizar oficina anticorrupción del MEF
Delgado sugirió reformas a la Ley 56 de contratación pública, a fin de obtener mayor control sobre la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado.