Aún está sin definir la suerte de 600 trabajadores de la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI), quienes quedarán cesantes después que el gobierno nacional reafirmara que cumpliendo con la ley, la institución cerrará el 31 de diciembre próximo.
Además reiteró que los trabajadores mantienen conversaciones con el ejecutivo, donde se han hecho una serie de propuestas, como el traslado escalonado del personal a diversos ministerios o entidades públicas del Estado.
También esperan realizar acuerdos con inversionistas extranjeros para darle prioridad a los trabajadores y que la nueva entidad que se desarrollará en las propias instalaciones acoja parte de su personal.
"A la fecha no han recibido respuesta del Presidente Martín Torrijos", reiteró Puga, pero dijo que aún quedan reuniones pendientes con las autoridades de gobierno.
