La minería ha cambiado mucho. Las empresas mineras alegan que la actividad a cielo abierto de este siglo es menos impactante para el ambiente; sin embargo, los ambientalistas se oponen a esa idea.
El actual Gobierno ha declarado abiertamente su interés de vender a Panamá como un país con un alto potencial minero, tanto que ya se habla de reformas al Código Minero, que data de varios años y que se ha quedado en el pasado.
Los inversionistas han escuchado el llamado alto y sonoro del presidente Ricardo Martinelli y la empresa Minera Panamá, subsidiaria de la empresa canadiense Inmet Mining Corporation, se dispone a realizar una inversión de 5 mil millones de dólares para la extracción de cobre en Colón.
Esa suma de dinero representa la inversión extranjera más grande en el país, pero muchos se preguntan ¿cuáles serán las consecuencias para la naturaleza y la población?
El Gobierno debe sopesar bien sus decisiones; por una parte las inversiones son necesarias; por otra, es indispensable garantizar la protección del ambiente y, sobre todo, del agua de los futuros y actuales panameños.
Las reformas al Código deben ser bien estructuradas, dirigidas a incentivar la inversión; pero más que nada a proteger los intereses de los ciudadanos, los que en ningún momento deben estar por debajo de las regalías que pueda dejar una empresa extranjera.
La naturaleza es un activo que los países poseen y muchas veces no valoran; Panamá no debe caer en ese error, y protegerlo es una prioridad.
