El proyecto para la creación de una ley de reestructuración financiera o ley de quiebra, propuesto por sectores empresariales y bancarios del país, no presenta novedad a la fecha.
Así se refirió el ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Roberto Henríquez, al ser consultado por Panamá Américasobre el tema.
Panamá es uno de los pocos países que no posee una legislación de este tipo que establezca etapas previas a cumplir antes de declarar la quiebra de una empresa, así como sanciones en caso de quiebras fraudulentas.
La propuesta de crear esta norma se viene dando desde el 2003, con borradores presentados tanto por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) como por la Asociación Bancaria de Panamá (ABP).
El año pasado, el último borrador que confeccionó la ABP fue presentado al titular del MICI, quien se comprometió a darle curso.
Al parecer, los empresarios saben muy poco del avance de este proyecto. Esto, debido a que las últimas actividades que se realizaron para lograr que se apruebe fueron un par de reuniones.
El objetivo de esta ley es para compañías en situaciones de “iliquidez” o problemas de solvencia temporal, por medio de un proceso que le permita a la empresa continuar operando, pero resguardada o protegida precisamente contra demandas que puedan conducirla a la quiebra.
También debe proteger los empleos, entre otras cosas, ya que se busca brindar a empresas que se encuentren en una situación financiera difícil una protección y oportunidad para resolver su situación y volver a operar con normalidad.
Panamá, que ha sido elogiado por el buen desarrollo de su economía, no está exento de que este tipo de situaciones se produzcan.
Muestra de ello fue lo sucedido en el 2010 con la aseguradora British American, que afectó a más de 25 mil personas.
Los banqueros consideran que es necesario que exista esta ley .
Mario De Diego Jr., vicepresidente de la ABP, explicó que la falta de esa legislación la destacan las instituciones financieras internacionales y calificadoras.
“Sobre este tema hubo algunas reuniones para revisarlo, pero de repente no se supo más nada del mismo”, indicó.
Entre tanto, Rubén Rodríguez, presidente del Colegio Nacional de Abogados, afirmó que en Panamá deben fortalecerse los procedimientos de quiebras establecidos en el Código de Comercio.
“Aunque no hemos tenido un número importante de quiebras, las que han existido no han sido manejadas en forma tal que se haya logrado una confianza nacional con respecto a los procedimientos para garantizar los derechos de las personas”, señaló.
