Puerto Rico se someterá a la supervisión de una junta de control fiscal y a sanear sus cuentas en cinco años, con recortes del gasto público y medidas de impulso del crecimiento económico, a cambio de una moratoria en la devolución de los 72 mil millones de dólares de deuda que asfixian su economía.
Esos son los ejes centrales de una propuesta en la que llevan dos meses trabajando desde que el 29 de junio el gobernador, Alejandro García Padilla, anunció públicamente que buscaría renegociar la deuda porque se había vuelto "impagable".
