En 2002, cuando se iniciaban las consultas para establecer cuáles serían las modificaciones más convenientes a la Ley 24 que regula la información de créditos, todo apuntaba a desentrañar mecanismos que ayudaran a los consumidores a conocer de forma expedita su historial crediticio.
Se buscaba promover en los consumidores mayor participación y luego responsabilidad en su crédito, sin tener que confiar enteramente en los criterios de los agentes comerciales que en algunos casos utilizaban esta información a su antojo.
Las constantes quejas elevadas a agencias de información, medios de comunicación, etc. por este solo motivo degeneraron, según consta en el actual proyecto de Ley 157, en reformular de inmediato cuáles debían ser las modificaciones que eliminaran estas denuncias.
Fueron consultados diversos protagonistas desde agencias de información, entidades económicas y financieras públicas y privadas, MYPES con el objetivo de perfilar correctamente la función de cada uno de los involucrados.
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