Argentina “no va a aceptar ninguna presión” del Fondo Monetario Internacional (FMI) para aumentar las tarifas de los servicios públicos privatizados, aseguró ayer el presidente Eduardo Duhalde.
“El Fondo no se preocupó nunca porque los usuarios argentinos siempre hayan pagado el doble de las tarifas internacionales y por eso no vamos a aceptar ninguna presión de ese tipo”, dijo el mandatario en conferencia de prensa en la casa de gobierno.
Duhalde se mostró cautelosamente optimista por la evolución de la economía del país y expresó su confianza en alcanzar a corto plazo un acuerdo con el FMI, pero insistió en que no será a costa de aceptar “todo tipo de condicionamientos”.
“Por primera vez en años —subrayó— el acuerdo que se logra no es aceptando ajustes de tipo estructural, que fueron llevando a Argentina a una situación que desembocó en la crisis de diciembre”.
El director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, el indio Anoop Singh, había admitido la cercanía de un entendimiento con Argentina al decir el jueves en Londres que “este es el momento para poner en práctica un programa que refuerce la estabilidad y la haga sostenible en el tiempo”.
Las declaraciones presidenciales dieron respaldo a los negociadores argentinos ante el FMI, luego de las discrepancias con el instituto admitidas por el ministro de Economía, Roberto Lavagna.
Lavagna dijo que Argentina confía en alcanzar un acuerdo con el FMI “en dos o tres semanas”, aunque “descarta” un aumento de tarifas de entre 20% y 30%, como figura en el borrador de la carta de intención que el secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, trajo de Washington.
El ministro admitió entonces que el tema se negociaba con el instituto y reveló “disidencias conceptuales”, pues para el gobierno argentino “cuando el ajuste se produzca tendrá como componentes esenciales una tarifa social y un aumento moderado”.
Lavagna también se opuso al pedido del FMI de liberación inmediata y completa del mercado cambiario, que en los últimos tres meses luce calmo con discretas intervenciones del Banco Central para suavizar altibajos en la relación dólar-peso.
La propuesta del organismo de subir algunos impuestos para fortalecer el resultado fiscal fue otro ‘no’ del gobierno argentino, y Lavagna recordó que “el incremento (tributario) acordado con el FMI en 1999 tuvo el efecto de frenar una reactivación que se insinuaba”.
Otra diferencia está en la profundidad del ajuste fiscal, que para el Fondo debe permitir un superávit de 2.5% del PIB mientras que en el presupuesto para 2003 remitido por el Ejecutivo al Congreso se prevé que sea de 2.18%.
También subsiste una discrepancia por el pedido del FMI de eliminar cuanto antes las cuasimonedas provinciales, bonos entregados por los gobernadores a empleados públicos y proveedores que impidieron una mayor parálisis de la actividad económica por falta de dinero.
Otra discusión se planteó con la demanda del organismo multilateral de reestructurar el sistema financiero, achicando la banca pública.
