El Tribunal Supremo de Justicia declaró ayer inadmisible una solicitud de enjuiciamiento del presidente Hugo Chávez por los supuestos financiamientos irregulares que obtuvo del grupo español Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) para sus campañas electorales de 1998 y 1999. La sentencia emitida este martes por el máximo tribunal debilita la estrategia emprendida a mediados de año por la oposición para lograr el enjuiciamiento de Chávez y su salida institucional"" del poder.
Ante el Tribunal Supremo de Justicia aún están pendientes de decisión otras once solicitudes de enjuiciamiento de Chávez por supuestos delitos de corrupción y crímenes de lesa humanidad. El presidente del máximo tribunal, Iván Rincón, expresó que el pedimento de enjuiciamiento contra el mandatario no fue admitido debido a que el denunciante privado, abogado Tulio Alvarez, no presentó suficientes pruebas.
Rincón indicó que Alvarez sólo presentó unas fotocopias de documentos en las que no aparece relacionado el presidente Chávez...,no podemos admitirlo porque no trae la prueba"". El abogado solicitó a mediados de año la suspensión de la inmunidad del presidente Chávez para someterlo a juicio por los presuntos aportes irregulares por 1.5 millones de dólares que obtuvo del grupo financiero español para sus campañas electorales.
De acuerdo a la legislación venezolana, los candidatos electorales no pueden obtener financiamientos de grupos extranjeros. La entrega de los 1.5 millones de dólares a las campañas electorales de Chávez fueron reconocidas este año por los ex directivos del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria en las declaraciones que hicieron ante el juez Baltazar Garzón, quien les está siguiendo un proceso judicial en España.
Rincón dijo, en rueda de prensa, que la denuncia sobre el caso del BBVA será remitida a la Fiscalía General para que se encargue de recabar las pruebas y determinar si existen méritos para intentar una nueva acción por ese mismo caso contra Chávez. Sostuvo además que el Tribunal Supremo no se puede convertir en órgano instructor para reunir las pruebas en un caso específico debido a que esa función le compete a la Fiscalía General.
