Las organizaciones de empresarios y de obreros y los partidos políticos de la oposición rechazaron ayer el plan económico del gobierno de Bolivia, que insistió, por su parte, en que "el país no tiene otro camino" para salir de la crisis.
El presidente, Gonzalo Sánchez de Lozada, anunció el domingo pasado los términos del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2003, que incluyen una reducción del gasto en el Poder Ejecutivo del 10 por ciento, una redistribución del impuesto a los ingresos personales y un aumento del 2.45 por ciento en el salario mínimo.
La primera reacción en contra fue expresada por la Central Obrera Boliviana (COB), cuyo principal ejecutivo, Saturnino Mallcu, dijo que se ha dispuesto un paro de actividades para el próximo jueves en todo el país.
Según el líder sindical, el plan del gobierno sólo es "un cumplimiento fiel" de las recomendaciones de los organismos financieros internacionales para acceder a los préstamos que respaldarán el plan gubernamental.
"Son sólo medidas coyunturales y temporales que condenan a la incertidumbre y más crisis al pueblo boliviano", dijo Mallcu al condenar la reforma de la distribución del impuesto a los salarios.
El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Carlos Calvo, también criticó el contenido del mensaje presidencial y puntualizó que "el gobierno ha optado por el camino equivocado".
Calvo, que desde hace varios años se opone a las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, opinó que el proyecto de presupuesto achicará la economía y acentuará la recesión que vive Bolivia desde 1999.
