Esta última cifra, anunciada recientemente por el Gobierno de Colombia que preside Alvaro Uribe, corresponde a la disminución sólo del cargo fijo. Según el Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la rebaja corresponde a la disminución del cargo fijo que se lograría al excluir una porción del pasivo pensional de los costos de administración que se les reconoce a las empresas que prestan el servicio.
La precisión fue hecha por la ministra del ramo, Cecilia Rodríguez, luego de que El Tiempo, basado en un comunicado de la Casa de Nariño, informó equivocadamente el porcentaje del alivio tarifario. El cargo fijo es apenas uno de los componentes de la tarifa que también incluye el consumo básico y el consumo complementario.
El director de la Comisión de Regulación de Agua Potable, Cristian Stapper dijo que las rebajas en cada ciudad dependerán de la eficiencia de costos de las empresas.
En una factura de estrato cuatro de Bogotá por 86,830 pesos, si se le aplican las disposiciones en estudio, el usuario sentiría una rebaja final de unos 17,366 pesos.
Rodríguez indicó que, tal como lo establece la Ley de Servicios Públicos, se abrirá una consulta para recibir las observaciones, la cual se cerrará a finales de noviembre. El 12 de diciembre la CRA redactaría la resolución definitiva y comenzar su aplicación en enero.
La Contraloría y la Superintendencia de Servicios Públicos, han expresado que las elevadas tarifas de agua que se cobran en el país obedecen a los elevados costos laborales, como ocurre con el régimen pensional de Bogotá. Además han advertido que las autoridades municipales no constituyen los fondos ordenados por la ley destinados a subsidiar a los estratos más pobres.
En diálogo con El Tiempo, la superintendente de Servicios Públicos, Evamaría Uribe dijo que a la empresa que presta el servicio en Bogotá, le fue negada una solicitud para cambiar la destinación de 47,985 millones de pesos por concepto de transferencias del Sistema General de Participaciones que corresponden al sector de agua potable y saneamiento básico. La petición fue negada mediante resolución 005019 del 14 de octubre del 2003.
