A partir del año 2020, el Estado tendría que asumir un sacrificio fiscal de aproximadamente $15 millones anuales para hacer frente al deducible del impuesto sobre la renta al que tendrían derecho unos 130 mil padres de familia que mantienen a sus hijos en escuelas particulares.

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Solo los padres que tengan hijos con algún grado de discapacidad tendrán derecho al 100% de la deducción y el resto está por definirse qué porcentaje se les reconocerá de los gastos escolares.

Adicionalmente, los padres de familia con hijos hasta los 25 años de edad que sean dependientes y estudien podrán solicitar la devolución del impuesto. También los estudiantes universitarios que trabajen tendrán derecho a exigir la deducción.

El pasado mes de diciembre se publicó en Gaceta Oficial la reglamentación que establece el mecanismo para acceder al beneficio, sin embargo, la Dirección General de Ingresos (DGI) aún no ha dado a conocer cómo se hará efectiva esa devolución.

Kathia Echeverría, vicepresidenta de la Unión Nacional de Centros Educativos Particulares (Uncep), señaló que ellos están esperando una respuesta de la DGI para conocer cómo se hará la devolución y de esa manera informarle al padre de familia, el transportista y los empresarios.'

Antecedentes

130 mil estudiantes actualmente están en un centro de enseñanza privado.

6% del PIB exigen los docentes que el Estado invierta en la educación pública.

"No hemos recibido respuesta por parte de la DGI para conocer cómo se aplicará la ley. Hay muchos actores involucrados, como los padres de familia (asalariados), los centros escolares, los transportistas, que por lo general no emiten una factura con toda la formalidad, para tener claro qué es lo que se debe emitir para que se reconozca la deducción", señaló.

Agregó que es urgente que la DGI aclare esta medida y los padres puedan recopilar todos los documentos en debida forma cumpliendo con todos los requisitos y no haya mayor dificultad para los padres de familia.

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La ley establece que los gastos escolares incurridos con respecto a los dependientes menores de edad del contribuyente, incluye la matrícula, la mensualidad escolar, los útiles, uniformes y transporte escolar, relacionados con el primer nivel de educación básica, y el segundo nivel o educación media serán deducibles hasta un monto máximo de $3,600.

El Decreto de ley 307 que reglamenta el beneficio se enfoca en los panameños que tienen un salario superior a $1,000 por mes y logran acumular más de $11 mil anuales, teniendo que pagar ISR al fisco panameño.

Además establece que el padre de familia que sea asalariado podrá solicitar la reposición de gastos presentando un memorial ante la DGI con el detalle de los gastos escolares por cada dependiente, acompañado de la documentación original que sustente la veracidad del gasto (facturas que cumplan con los requisitos fiscales vigentes o documentos equivalentes).

Mientras que aquellos estudiantes que tengan becas otorgados por el Estado (Beca Universal o por concurso), no podrán incluir este beneficio como parte de los gastos, por el contrario, tendrán que deducirlo del total del valor.

Otras de las medidas es que si ambos padres hacen una declaración jurada de renta, en forma separada solo podrán aplicarse como deducción por cada dependiente hasta el 50% ($1,800) de los gastos escolares, en cada declaración.

Esta medida, que ha sido avalada por algunos y criticada por otros, es considerada como una política errada por el bajo nivel en la educación pública.

El economista Juan Jované señaló que por la incapacidad del Gobierno, los padres de familia tienen que hacer un sacrificio para tener a sus hijos en escuelas privadas.

"Si la educación pública fuera como fue en algún momento, la gente no tendría que pensar en tener a su hijo en escuelas privadas, sino en ir a un centro educativo oficial", expresó.

Agregó que el Gobierno nunca ha cumplido con invertir el 6% del producto interno bruto (PIB) en la educación pública y ahora se sufren las consecuencias.

Hace dos años la actual administración se comprometió con los educadores del país en invertir el 6% del PIB, sin embargo, ese compromiso solo quedó en promesa.

A juicio del economista, este es un subsidio más que va a presionar sobre los ingresos públicos y probablemente el Estado decida gastar menos en la educación pública.

Por su parte, Echeverría señaló que este beneficio ayudaría al padre de familia que tiene a su hijo en un centro privado y que vive un momento difícil por la situación económica que se registra en el país.