La renuncia del ministro de Hacienda y del director de recaudación de Costa Rica por evasión de impuestos amenaza la reforma fiscal que impulsa el Gobierno, cuya retirada reclaman los sindicatos ante lo que califican de falta de credibilidad para imponer más tributos a la población.
“Los acontecimientos últimos debilitan la posición política y ética del Gobierno, no solo porque dos funcionarios emblemáticos de la reforma se hayan visto envueltos en estos escándalos, sino porque antes de cobrar más impuestos la gente tiene razón cuando aduce que lo primero que hay que hacer es cobrar bien”, declaró a Acan-Efe el analista y economista, Henry Mora.
La reforma tributaria ha sido el proyecto estrella del Gobierno de la presidenta, Laura Chinchilla, ante el elevado déficit cercano al 5% del Producto Interno Bruto (PIB).
Una investigación del diario La Nación, publicada el 26 de marzo pasado, indicaba que once ministros, entre ellos el de Hacienda, Fernando Herrero, tenían años de no actualizar el valor de sus propiedades, y por ello pagaban menos impuestos de lo correspondiente.
El diario también reveló que una empresa de la esposa de Herrero y fundada por ambos, no declaró ingresos por unos 100 mil dólares en el 2008.
Herrero renunció a su cargo el pasado lunes, según él, para “proteger” a Chinchilla y al Gobierno y no generar “distracciones” en el trámite de la reforma fiscal, la cual busca recaudar cerca del 1.5% del PIB (unos 600 millones de dólares).
Un caso similar vivió Francisco Villalobos, jefe de Tributación Directa, ente encargado de cobrar los impuestos, pues La Nación publicó que el funcionario estaba moroso en impuestos sobre la renta del 2008 por poco más de 3000 dólares.
Villalobos calificó esta situación como un “error inexcusable” y renunció al cargo la noche del martes, confirmó el Gobierno.
Para el economista Mora “en materia de moral tributaria como en cualquier otro asunto de moral, se debería predicar con el ejemplo”, y afirmó que antes de pedir más impuestos el Gobierno debería impulsar proyectos que se encuentran en el Congreso para combatir la evasión, el lavado de dinero y mejorar la calidad del gasto público.
Ante estos acontecimientos, el sector sindical ha afirmado que el Gobierno ya no tiene “moral” ni “credibilidad” para pedirle a los ciudadanos que paguen más impuestos.
“Pensamos que perdió mucho espacio político doña Laura (Chinchilla), su Gobierno queda muy debilitado para seguir abogando por el paquete tributario", expresó el dirigente Albino Vargas.
