Regulación para financiamiento a partidos

Desde que inicio el ambiente electoral son muchos los mensajes de los candidatos presidenciales que hablan de acabar con la corrupción en su administración, sin embargo, la pregunta que muchas personas se hacen es si realmente podrá erradicarse está enfermedad en un país tan pequeño como Panamá.
Muchas personas coinciden en que el problema de la corrupción en el sector gubernamental se debe en gran medida al amiguismo político.
En parte este fenómeno se da en el país por las donaciones políticas que realizan algunos empresarios a los candidatos de su preferencia.
El poder económico al entregar dinero para una campaña política espera en su mayoría alguna ayuda o favor durante el período presidencial del posible nuevo presidente de la República, señaló Daniel Kaufmann, representante del Banco Mundial durante su presentación en la Conferencia Anual de Empresarios (CADE).
1. ¿Usted indicó durante su exposición que para mejorar la gobernabilidad en un país era necesario cambiar el financiamiento político, a que específicamente se refirió con este planteamiento?
R. Uno de los grandes desafíos hoy en día en América Latina, para mejorar la gobernabilidad y la competitividad son las distorsiones y falta de transparencia en las donaciones que se hacen en favor de los partidos políticos y también a las campañas políticas por el sector privado en particular.
De nuestra experiencia y lecciones aprendidas en el mundo y mirando la evidencia en los datos hay tres o cuatro puntos en el tipo de reformas que deberían realizarse a este tipo de financiamiento para que no se siga afectando la gobernabilidad y que algunos países lo han hecho.
2. ¿Cuáles son estos puntos a los que hace referencia? R. En primer lugar, se debe mantener total transparencia, si se puede permitir tener cierto financiamiento privado, es casi imprescindible para muchas campañas políticas.
No obstante, este financiamiento privado por parte de algunos empresarios o empresas específicas debe ser totalmente transparente.
Con esto lo que quiero decir es que la población debe estar totalmente enterada de cuál empresa ayudo a que candidato presidencial o parlamentario y con cuánto.
Hoy día esto es más sencillo, ya que se puede hacer pública mediante la Internet en el website de los partidos políticos.
En segundo lugar se debe tener un tope para ese financiamiento privado, es decir, que no puede haber una donación ilimitada por parte de algún magnate.
El otro aspecto y que creo se hace en este país, es que haya una contribución pública, es decir, por parte del Estado y que sea igual para cada uno de los candidatos presidenciales y demás aspirantes a cualquier cargo de elección popular.
Además, también se puede establecer un acuerdo con el Estado y las cadenas televisivas dónde se les de a cada uno de los partidos políticos igual acceso gratuito en publicidad.
Este sistema por ejemplo se ve en Chile y esto evita algunas desigualdades y complicaciones entre los candidatos por acceso a campañas políticas.
3. ¿Este financiamiento de parte de empresas puede traer como resultado el favoritismo hacia algún proyecto o incentivos en la administración de un presidente, que beneficien a quien le dio la donación?
R. Uno de los efectos más nocivos de las contribuciones que no son transparentes y que van en forma desmedida a ciertos candidatos, es la privatización o captura de las instituciones gubernamentales, ya que esto abre el abanico de posibilidades de que un magnate pueda influir en una institución o el gobierno mismo a tomar alguna decisión.
A veces son estás donaciones las que influyen en la creación de ciertas leyes nefastas o que favorecen a ciertos sectores. Esto es lo que se llama la corrupción a alto nivel.
4. ¿Qué hacer entonces en el momento que se aprueben leyes en la Asamblea Legislativa o decretos presidenciales que favorezcan a estás personas o sectores?
R. Si existe transparencia, se sabrá que compañías están contribuyendo con las campañas políticas. En el caso que se emitan leyes en favor de ese sector privado, también la opinión pública deberían castigarlos.
Los periodistas también deben cumplir su funcionalidad y en ese caso cuestionar e investigar porque se emite tal ley y hacer público que esa empresa o empresario donó dinero para la campaña del presidente de turno.