Al menos 30 años tomaría titular los derechos posesorios existentes en el país, según el Gobierno.
El asunto surgió al calor de la polémica en torno a la Ley 23 de derechos posesorios, que aún no se resuelve en la Corte Suprema.
En este sentido, Roberto Brenes, presidente de la Fundación Libertad, que organizó el Foro Propiedad y Libertad, explicó que existe una interpretación en la ley que se ha dado desde el gobierno anterior, la cual nació cuando Benjamín Colamarco, siendo director de Catastro, dijo que los derechos posesorios no son derechos de las personas, sino que son éstos los que están usufructuando derechos que le pertenecen al Estado, contradiciendo la jurisprudencia existente.
Brenes argumentó que esta “interpretación es una contradicción jurídica, una presunción, un invento que ha pasado de ser una doctrina del Partido Revolucionario Democrático (PRD) a ser una doctrina ahora de los arnulfistas”.
Explicó que el Gobierno quiere cobrar más dinero por las titulaciones, bajo el principio de que no están cobrando los registros sino las tierras; sin embargo, por la idea de cobrar se está desvirtuando el principio de derecho de propiedad.
Agregó que estas acciones son más peligrosas porque van en contra de la seguridad jurídica y desnaturalizan los principios de posesión.
Por su parte, Publio Cortés, director de Catastro, explicó que en el Ministerio de Economía y Finanzas están a favor de titular los derechos posesorios.
Agregó que las tierras sujetas a derechos posesorios son del Estado, pero quien acredite la posesión tiene un privilegio legítimo de ejercer la primera opción para adquirirlo.
Cortés manifestó que el Estado como dueño vendedor puede fijar los precios de sus tierras o incluso traspasarlas gratuitamente.
Señaló que si el Estado fija un precio justo para todos, se soluciona el problema; sin embargo, la acreditación de los derechos es muy relevante.
Explicó que la titulación basada en derechos posesorios no probados es un fraude contra el Estado.
