El creciente sentimiento de corrupción generalizada y de pedidos de seguridad jurídica han llevado al convencimiento de la necesidad de renovar el sistema de administración de justicia en este aspecto centrará sus esfuerzos aseguró John Bennet N., presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) al asumir ayer la dirección de este gremio para el período 2002-2003.
Según Bennett esta convicción se deriva de la larga y profunda observación de que el imperio de la ley es una condición indispensable para la viabilidad de una economía de mercado y de una sociedad próspera y justa.
Señaló que "sin justicia, la democracia es demagogia y las libertades son ilusiones". Por estas razones, destacó que el próxima CADE estará dedicado a la Justicia.
Durante este período APEDE no perderá de vista temas como la igualdad de derechos ante la ley, el cumplimiento de los contratos, las políticas estables, el rendimiento de cuentas de parte de los funcionarios públicos, la corrupción, entre otras.
Frente a los próximos comicios y en víspera del centenario de la República sugirió reexaminar los fundamentos de la Nación y para cuestionarnos sobre la administración de justicia en Panamá. Además de las libertades individuales, el respeto a los derechos de los demás.
Bennett dijo que se debe llegar a un consenso sobre el marco de referencia desde el cual se puedan medir los propósitos y actos de quienes pretenden liderar el país desde los puestos públicos o simplemente como ciudadanos.
Asimismo instó a denunciar elementos como las botellas, los mameyes, el bien "cuidao", las notarías, las prebendas en un sistema de seguridad social, los aranceles protectores de minorías y tantas otras.
Mientras que a los gobernantes los invitó a comprender que el costo político no está por encima del bien del país.
Por su parte el presidente saliente de APEDE, Carlos E. González Ramírez dijo que el gobierno no ha adoptado ninguna política que permita revertir la tendencia de deterioro económico. Señaló que con la excepción de la Ley de Transparencia, la cual en alguna medida vino a disminuir los espacios de discrecionalidad de la burocracia (aunque seriamente limitado por su regulación), y el acuerdo para un uso más racional del Fondo Fiduciario (lo cual aún no se ha llevado a efecto).
