La resolución mediante la cual el Gobierno ha equiparado los incentivos fiscales de la compañía chino- británica Panamá Port Company (PPC) a los que reciben la norteamericana Manzanillo International Terminal (MIT) y la taiwanesa Colón Container Terminal, (CCT), es impugnable a juicio del abogado Jaime Arias, de la firma Galindo, Arias y López
A su entender, la resolución dictada por el Ministerio de Comercio e Industria (MICI), no consideró elementos jurídicos y lógicos para aprobar los incentivos que ahora tiene PPC, entre los que más se destaca el no pago en concepto de arrendamiento que alcanza los 22 millones de dólares anuales.
Además, cuando el contrato ley de PPC se refiere a modificaciones, señala que éstas se harán sujetas a requisitos legales; sin embargo, se han hecho cambios sustanciales como la exoneración de su canon de arrendamiento, sin llevar el tema a la Asamblea Legislativa.
Igualmente, Arias recalcó que el Gobierno se desprende de más de 20 millones de dólares sin poner ninguna condición en contrapeso, como la inversión de 200 millones de dólares que de "boca" se ha comprometido a realizar PPC.
Pero el Gobierno de Panamá cree en el desarrollo del sector portuario, y al parecer está dispuesto a pagar el precio que sea por su desarrollo. En 1996 se aprobó el contrato de desarrollo, construcción, administración y dirección de una terminal de contenedores en el puerto de Coco Solo Norte, provincia de Colón, entre el Estado y CCT.
A partir de la aprobación de este contrato se promulgó la Ley No 12 de 3 de enero de 1996. En su artículo 2, se establece que con la promulgación de la presente Ley, todas aquellas empresas en condiciones similares a la presente contratación, que antes de la vigencia de la misma se hayan dedicado o las que se dediquen en el futuro a la construcción, desarrollo y a la administración de terminal de contenedores, tendrán derecho a acogerse a los mismos beneficios, incentivos, derechos, exoneraciones, créditos fiscales, créditos por obras realizadas, tarifas impositivas especiales, privilegios, términos de duración de contratos.
No obstante, Arias señaló que, a pesar que MIT y CCT son terminales portuarios como PPC, no pueden ser considerados como iguales. MIT y CCT empezaron sus operaciones con una inversión de cero, mientras que PPC participó en una licitación en donde se le entregaron activos con un valor de 800 millones de dólares que generaban 9 millones de dólares anuales.
" Si a PPC se le iban a entregar los mismos incentivos fiscales de los que gozaban los otros puertos, para qué se realizó una licitación y un contrato independiente", subrayó el abogado. Esto significa que una complaciente resolución ministerial deja sin efecto la figura de licitación en Panamá.
"Las licitaciones no valen de nada", sentenció Arias. Según la resolución 14 del MICI publicada el 20 de mayo en Gaceta Oficial, la empresa PPC tendrá derecho a tarifas por movimiento de contenedores e impuestos sobre la renta que se fija en 6 dólares, además de los 3 dólares en concepto de impuesto sobre la renta aplicable al movimiento de carga local. Se cobrarán 6 dólares por los vehículos desembarcados que no estén en un contenedor, y un centavo por tonelada de registro bruto.
El artículo tercero de esta resolución será tal vez es la más cuestionable. El Estado decide que en virtud de los derechos, privilegios y obligaciones de los operadores portuarios, se deroga la anualidad fija que paga PPC y la anualidad fija del 10% sobre el ingreso bruto anual.
Mientras esto ocurre, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), trata de llegar a un acuerdo con la empresa para que inicie el pago de los 22 millones de dólares en concepto del canon de arrendamiento que mantienen retenidos, por no ocupar varios edificios que el Estado le debió entregar, pero que en la actualidad utiliza la Autoridad del Canal de Panamá.
"Se prorrogó la suspensión (del Scotiabank Quilmes, filial local del banco norteamericano) por otros 30 días", dijo a Reuters la fuente del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Por la tarde, el Scotiabank Quilmes había informado en un comunicado a la Comisión Nacional de Valores que el Directorio del BCRA había resuelto "autorizar la prórroga del plazo de suspensión total de las operaciones de esta entidad hasta el 21 de junio del 2002".
Scotiabank Quilmes se convirtió el 18 de abril en el primer gran banco del país al que se le suspendieron las operaciones, luego de que la casa matriz se negara a poner más dinero en Argentina hasta que el gobierno clarificara las reglas del sistema financiero tras una caótica devaluación. La negativa llevó al Banco Central a suspender en abril la mayoría de las operaciones del Scotiabank por 30 días debido a problemas de liquidez.
Desde entonces, el banco decidió analizar distintas opciones incluida una posible venta, según declaraciones oficiales de la casa central de la entidad. Los planes del Bank of Nova Scotia de abandonar Argentina por la crisis financiera enfureció a sus ahorristas, que realizan frecuentes protestas para que les devuelvan sus depósitos.
