El robo de energía, la elevada cartera de las entidades oficiales con las electrificadoras, el rezago en el pago de los subsidios, una regulación que no consulta la realidad del país, las costosas convenciones colectivas, así como de los contratos de compra de energía a precios exorbitantes revivieron la amenaza del racionamiento de energía para 16 millones de habitantes en Colombia, el 40 por ciento de la población.
Esas son tan sólo algunas de las dolencias del sector, que junto a la politiquería y la corrupción, como lo reconoció en una carta a este diario el mismo ministro de Minas Ramiro Valencia Cossio, han contribuido a agudizar un problema que como un karma viene de tiempo atrás.
"El apagón, a diferencia del de Gaviria, no será por falta de capacidad instalada sino por mala gestión porque el Gobierno ha dejado languidecer las electrificadoras", dijo a EL TIEMPO el Contralor, Carlos Ossa.
Tanto distribuidores como generadores, así como la Contraloría, han puesto nuevamente el dedo en la llaga para alertar sobre el oscuro panorama energético.
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